Así se refirió el ministro a la denuncia que hizo ante el Defensor del Pueblo el Colegio de Abogados de Melilla sobre lo que considera una discriminación y una vulneración de un derecho fundamental respecto a los inmigrantes marroquíes en procesos de devolución.
Según explicó a la agencia de noticias Efe el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita de la ciudad autónoma acordó exigir a los inmigrantes marroquíes en supuestos de devolución documentación de su país que acredite su situación económica con lo que, de hecho, “se imposibilita absolutamente el beneficio de asistencia jurídica gratuita”.
Esta comisión está integrada por representantes de la Fiscalía, la Delegación del Gobierno, la Abogacía del Estado, el Colegio de Abogados y un procurador, de los que los dos últimos se mostraron en contra del acuerdo, ha señalado Imbroda, quien indicó que este criterio se aplica desde principios de 2009 a estos inmigrantes, que son devueltos a Marruecos con prohibición de entrada.
Por ello, el Colegio de Abogados de Melilla presentó una queja ante el Defensor del Pueblo y estudia recurrir judicialmente el asunto.
El titular de Justicia se ha referido a la decisión “restrictiva” adoptada por la citada comisión sobre la asistencia jurídica gratuita y ha confiado en que se resuelva la cuestión que, garantizó, se estudiará con detalle en el ministerio.
No obstante, Francisco Caamaño dejó claro que “a los ciudadanos extranjeros que llegan a España hay que facilitarles el derecho de asistencia jurídica” ya que “son personas, tengan o no papeles”.
“Hay que partir siempre de la presunción de que alguien que reclama algo y no tiene documentación, lo primero que tiene que tener es derecho a un abogado y, si no tiene recursos, a que el Estado se lo facilite”.
Respecto a la postura de la Abogacía del Estado, el ministro ha explicado que lo que se pide es que posteriormente se pueda aportar la documentación pedida y si “consta cabalmente que tiene ingresos, que pueda acreditarlo”.
En el escrito sobre este asunto remitido al Defensor del Pueblo, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, rechaza cualquier tipo de discriminación por razón de nacionalidad.
