Ante este “grave problema”, el presidente de la Sociedad Española de Salud Penitenciaria (SESP), Julio García Guerrero, exigió ayer, una vez más, que los servicios sanitarios de las prisiones españolas se integren en el Sistema Nacional de Salud.
De este modo, ha señalado en declaraciones a Efe, la atención que reciben los internos sería al menos “equivalente” a la de cualquier ciudadano español, como determina la Constitución.
García Guerrero ha participado en unas jornadas organizadas por la Organización Médico Colegial, en las que se ha denunciado que la Sanidad Penitenciaria sea una “parcela aislada” en la atención que se presta al conjunto de la sociedad española.
Tanto la Ley General de Sanidad, de 1986, como la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, exigen que esta competencia, aún en manos del Ministerio del Interior, se transfiera a las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, algo que sólo ha ocurrido en el caso de Cataluña.
García Guerrero ha recordado que estos profesionales sanitarios cobran un 20% menos que el resto de los facultativos del sistema público.
