La Junta de Gobierno Local prevé aprobar este viernes la formalización de la demanda de desahucio por precario frente a los ocupantes de la Casa de Cádiz, de titularidad municipal, ubicada en la calle Cerdeña, 227, en Barcelona.
En declaraciones a VIVA CÁDIZ, el concejal de Patrimonio, Paco Cano, explica que, si bien el inmueble fue utilizado en los últimos años para el desarrollo de un proyecto autogestionado por las personas sin techo de la Ciudad Condal, “no hay proyecto alguno en marcha en la actualidad, ni papeles” de cesión y, además, la convivencia se ha deteriorado seriamente en los últimos meses, convirtiéndose en un foco de conflictos.
Cano ha indicado que, desde el año 2019, el Ayuntamiento de Cádiz hizo gestiones de mediación, junto con el Consistorio barcelonés, y las personas que se alojaron en el edificio, pero “no cuajaron”. Tampoco fructificaron iniciativas puestas sobre la mesa posteriormente para que el edificio albergara “algo tipo Casa de Andalucía” ni la iniciativa de una asociación que trabaja con migrantes a través del flamenco.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Cádiz ha dado por agotadas todas las vías no judiciales para resolver la situación, puesto que el inmueble no está siendo destinado a ninguna actividad, y ha dado el primer paso judicial para recuperar el inmueble.
El equipo de Gobierno mantiene la intención expresada ya en 2019 por parte de la entonces portavoz, Ana Fernández, de ponerlo a la venta para que los ingresos “permitan llevar a cabo actuaciones en la capital gaditana”. La última tasación, situaba el coste de las instalaciones de titularidad municipal en torno a los 300.000 euros.
Fernández recordaba, asimismo, que llevaba abandonado más de una década “sin el más mínimo interés del anterior equipo de Gobierno del PP por encontrar una solución”.
La polémica con Lagarder Danciu
El activista Lagarder Danciu denunció en 2019 que el alcalde, José María González, ‘Kichi’, quería desalojar el inmueble, destinado a un proyecto autogestionado de personas sin hogar. El Ayuntamiento negó la mayor y, aunque no lo cedió, permitió el desarrollo de la iniciativa. Ahora ha constatado que no continúa y el espacio es foco de conflicto. No en vano, Danciu fue denunciado por abuso sexual a una de las personas alojadas.
