Este lunes, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, pidió al alcalde de Cádiz, Bruno García, que exija a la Junta de Andalucía que permita a los municipios implantar la tasa turística por pernoctaciones, una medida muy extendida en países europeos y en varias ciudades españolas y que en Cádiz supondría recaudar como mínimo cuatro millones de euros al año para las arcas públicas.
El primer edil se ha apresurado a responde un no rotundo a la demanda de la coalición de izquierdas. Cuestionado en rueda de prensa sobre la solicitud de De la Cruz, Bruno García ha indicado que la imposición de dicha tasa “no está entre las prioridades” del equipo de Gobierno”.
“Estamos trabajando en otras líneas”, ha agregado, señalando, entre otras cosas, en el control de las viviendas con fines turísticos.
“Hemos dado un paso importante”, ha indicado. No en vano, el equipo de Gobierno del PP está cumpliendo con la normativa que limita la proliferación de este tipo de inmuebles a rajatabla que impulsó José María González, Kichi, como alcalde en el mandato anterior.
El Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía que dé de baja a 280 inmuebles que se dieron de alta en la actividad en el casco histórico durante 2023, tras analizar un total de 400.
Bruno García advirtió de que “vamos a estar muy encima de las viviendas turísticas que sean ilegales” porque, insistió, que el compromiso adquirido por el PP era que “donde había saturación, habría regulación”.
Por su parte, la concejala responsable de la materia, Beatriz Gandullo, negó en una reciente entrevista con VIVA CÁDIZ que la ciudad sufra un problema de turistificación y remarcó que, en cualquier caso, el Ayuntamiento defiende un modelo turístico “de convivencia” entre los vecinos y los visitantes, porque “los turistas que vienen a Cádiz quieren convivir con los vecinos, disfrutar de la esencia de la ciudad.
