La sentencia firme de la Audiencia Provincial en el caso Quality Food de este jueves cierra una historia negra para la Zona Franca de Cádiz.
El fiasco empresarial de la sociedad de Manuel García Gallardo, participada por el Consorcio, no solo ha supuesto un calvario personal y judicial para los implicados, el propio empresario, que finalmente ha eludido la cárcel con un acuerdo de conformidad con la acusación, la madre del mismo, condenada por responsabilidad civil, o el ex director de la sucursal del BBVA Víctor Ocaña, que tampoco sumará años a su estancia en prisión, donde se halla por otra causa.
También era una auténtica espada de Damocles sobre el equilibrio económico y financiero de la Zona Franca de Cádiz, dado que, de la suerte que corriera en este juicio, si el acusado era absuelto, tendría que afrontar el pago por orden del Tribunal de lo Mercantil a García Gallardo de 10,1 millones de euros más los intereses, de modo que, según cálculos del Consorcio, la factura ascendería a casi 20,3 millones, o 35, de acuerdo a lo reclamado por el ya condenado en firme.
Esta sentencia se produjo al término de un procedimiento judicial por la vía civil que dio la razón, hace quince años, al empresario sobre la valoración de las acciones adquiridas de Quality Food por Zona Franca de Cádiz.
Fuentes del Consorcio han eludido valorar la conformidad alcanzada hoy en la Audiencia Provincial, que anula igualmente todos acuerdos adoptados por el consejo de administración de la sociedad entre 2001 y 2003, y dan por cerrado este asunto que despeja la viabilidad futura.
Cabe recordar, en este sentido, que el delegado del Estado en Zona Franca, Fran González, ha reiterado en numerosas ocasiones, la última durante el tradicional desayuno de Navidad con los medios de comunicación, el esfuerzo llevado para sanear las cuentas desde que asumió la responsabilidad: desde 2020, la deuda se ha reducido en un 30% y los gastos financieros en un 50% y solo en 2023, disminuyó en 25,7 millones de euros, un 16% respecto a 2022, incluyendo la cancelación total de la deuda Reindus de 17 millones de euros con la Delegación de Hacienda y el cobro de deuda antigua, como la recuperación de 3,5 millones de euros adeudados por EPSUVI, liquidados con la entrega de varios inmuebles al Consorcio.
La disputa por Quality Food estalló hace 21 años, tras otro escándalo, protagonizado por Rilco, empresa centrada en el comercio con Iberoamérica, y que acabó con la condena de Manuel Rodríguez de Castro, gestor del Consorcio.
El caso de la empresa de García Gallardo llevó al banquillo a Miguel Osuna, ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, su jefe de Gabinete entonces, José Manuel Fedriani, así como Rafael Borrego, al que se le suponía testaferro de una empresa del condenado, que finalmente fueron absueltos.
