El proyecto de ley prevé además la creación de un impuesto, diferente para cada tipo de actividad, para las empresas que operan en este sector, y que se cargará sobre los ingresos brutos de cada compañía.
El tipo de gravamen oscilará, según el tipo de actividad, entre el 5% sobre la base imponible y el 22% que se aplicará a las apuestas deportivas mutuas (aquellas en las que un porcentaje de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes ganadores).
El proyecto de ley constata los cambios que se han producido desde que en 1977 se despenalizara el juego en España, sobre todo debido a la irrupción de las comunicaciones electrónicas y a la utilización de los servicios de juego a través de internet, y pretende dar respuesta a la aparición de nuevos operadores en el mercado del juego que no están regulados por la ley vigente.
Incide además el texto en la necesidad de establecer nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a los operadores y a los consumidores, y de proteger a los menores de edad y a las personas (unas 40.000 en España) que han pedido voluntariamente que no se les permita acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.
La ley reserva en exclusiva el juego de loterías de ámbito estatal a Loterías y Apuestas del Estado –que se va a transformar en Sociedad Estatal y que se va a privatizar en un 30%– y a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).
El Gobierno ha previsto en la nueva ley que la Comisión Nacional del Juego será la que vigile la seguridad, la fiabilidad y la transparencia de todas las operaciones del juego, además de ser el órgano que se encargará de conceder las licencias.
Además, la Conferencia Sectorial del Juego será el órgano de cooperación, coordinación y participación de las comunidades autónomas.
El proyecto de Ley del Juego garantiza como novedad en las apuestas deportivas tanto tradicionales como on line el derecho a recibir un porcentaje de la recaudación para su retorno al deporte, además de la cantidad que ya recibía de las quinielas. Este porcentaje lo fijará la Ley del Deporte Profesional, cuyo anteproyecto está próximo a ser tramitado en el Congreso.
Las empresas privadas, por su parte, rechazan el régimen fiscal previsto en el proyecto de ley, ya que supone aplicar los impuestos a los ingresos brutos por esta actividad económica, no sobre las ganancias reales de los operadores.
Fuentes del sector consultadas por Efe critican también que se instauren tantos tipos impositivos, uno por modalidad de juego. Advierten, además, de que la propuesta del Gobierno supone una ruptura del equilibrio entre juego público y privado, pues Loterías y Apuestas del Estado tendrá posibilidad, aseguran, de actuar en los dos ámbitos.
