El exdelegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna, acusado en el denominado caso Rilco que se juzga en la Audiencia Provincial de Cádiz, señaló que “si alguien falló” en este asunto fueron “los abogados del Estado” Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz, quienes en lugar de “entonar el mea culpa” por no haber advertido de cualquier posible irregularidad, “se han puesto a la cabeza del linchamiento” encabezando una querella que ha dado lugar a la presente causa.
En declaraciones a los periodistas tras más de siete horas de declaración, Osuna ha asegurado que estaba “deseando” que llegara este día para “decir todo lo que tenía que decir” sin tener “a cuarenta contestando”.
Preguntado por cómo ha afectado este asunto a su vida, explica que “tenía un futuro profesional brillante”, pero, a causa de “los comentarios de algunas de las personas que han estado en la Sala”, sus posibilidades de ascenso “han quedado reducidas al máximo”.
También ha referido que 48 horas después de que el Consejo de Administración de Rilco decidiera tomar medidas contra él, tuvo un accidente de tráfico que le provocó lesiones en la espalda del que todavía no se ha recuperado -tiene tres vértebras de titanio y aún ha de ser intervenido quirúrgicamente-. A esto, se añade que su familia lo está pasando “peor” que él mismo.
Ha preferido “abstenerse de hablar de cualquier tema político” cuando los periodistas le han pedido su opinión a raíz de las declaraciones que están realizando algunos dirigentes del PP abogando por suprimir el convenio vigente entre la Abogacía del Estado y la Zona Franca de Cádiz.
No obstante, de su declaración se desprende que los abogados del Estado no detectaron ninguna irregularidad en su momento en cuanto a Rilco y tampoco el Tribunal de Cuentas, cuando se supone que ellos son “especialistas en pillar este tipo de fallos en la contratación pública”.
Por tanto, tanto unos como otros son “más torpes” de lo que él mismo, como licenciado en Historia, admite poder haber sido.
En cualquier caso, entiende que “en general es una garantía que un cuerpo de abogados independiente informe”, si bien en este caso se trata de dos personas “con nombre y apellidos” -por Ruiz y Ponce- que insiste en que “si ha fallado alguien son ellos” y que, sin embargo, han decidido ponerse a la cabeza de su “linchamiento”.
