El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, encargado de la instrucción del 'caso Bahía Competitiva', ha pospuesto al próximo mes de octubre la toma de declaración a los imputados que en principio estaba previsto que compareciesen los días 25, 26, 30 y 31 de este mes.
Según han indicado a Europa Press fuentes del caso, en esas fechas estaba previsto que declarasen miembros de la comisión de evaluación de la Diputación, habiéndose pospuesto a octubre a petición de sus abogados.
Asimismo, está previsto que a partir de esa fecha también comparezcan en sede judicial otros imputados supuestamente relacionados con la trama, entre los que figuran quien fuera gerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, o la actual gerente provincial de la Agencia IDEA, Rosa Mellado.
Las citadas fuentes no han concretado cuántas personas quedan pendientes de declarar, ya que "van entrando paulatinamente en el juego, y gente que no estaba imputada lo está hoy".
En las últimas fechas han prestado declaración ante el juzgado varios imputados, entre los que figura la que fue diputada provincial del PSOE y vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación gaditana durante el último mandato socialista, María José Valencia.
También ha declarado Agustín Bobo, un presunto 'testaferro' del empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía.
Asimismo, la titular del juzgado, Lourdes del Río, ha oído al antiguo responsable del IEDT de la Diputación, Teodoro Garrido, quien fue despedido tras conocerse su imputación. Del Ministerio de Industria han declarado cuatro imputados, dos de los cuales lo hacían la semana pasada. Los otros dos, entre los que se encuentra quien fue director general de Industria con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Jesús Candil, lo hacían este mismo lunes.
Cabe recordar que un total de 31 personas han sido detenidas en las distintas fases de la investigación por el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del Plan Bahía Competitiva.
Tras las últimas detenciones practicadas recientemente en Madrid, la Policía Nacional daba por desarticulada la trama que resumía apuntando que medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.
