Esta decisión fue aprobada ayer por el Consejo Territorial de Dependencia, en el que se debatió la distribución de este fondo, que este año asciende a 283,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,5%respecto al 2008.
En la distribución del 80% restante se tiene en cuenta la población, el número de beneficiarios, la renta y las pensiones medias, la dispersión de la población, la superficie de cada región, la insularidad o los emigrantes retornados.
Según explicó la ministra en rueda de prensa al término de su primera reunión con los consejeros, con este incremento se pretende conseguir “más agilidad y más eficacia” en el desarrollo de la ley de Dependencia.
El Consejo aprobó también la gestión del fondo adicional de 400 millones de euros para Dependencia del Plan de Estímulo Económico y de Empleo, por el que se prevé la puesta en marcha de 50.000 plazas de centros de día y residenciales para personas dependientes así como la creación de 35.000 nuevos empleos.
Las Comunidades Autónomas reciben este año financiación para la Dependencia a través del nivel mínimo en función del número de beneficiarios, el nivel acordado y el fondo extraordinario de 400 millones, cuya distribución se acordó ayer.
Estas partidas suman 1.600 millones de euros, lo que supone un 79% más que el año 2008.
Con el objeto de mejorar la eficiencia de las actuaciones y lograr un intercambio de experiencias, el Ministerio ha propuesto en la reunión la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para la aplicación de la ley.
La ministra se comprometió también a viajar a todas las comunidades para trabajar sobre el terreno con el reto de mejorar la ley, que, según ha reconocido, “está avanzando más lentamente de lo que nos gustaría”.
Tras su primer Consejo Interterritorial desde que tomó posesión de su cargo la pasada semana, Jiménez ha destacado el clima “cordial” y de “colaboración permanente”, salvo “pequeñas discrepancias” entre todos los consejeros, ninguno de los cuales ha votado en contra de los acuerdos, ha afirmado.
Jiménez subrayó el “compromiso de lealtad institucional” para agilizar la ley que han mostrado las comunidades en la reunión.
En este sentido, señaló que se acordó una postura intermedia entre regiones como Andalucía, que pedían el reparto al 50% según la población y el número de personas evaluadas, y algunas del PP que querían mantener la distribución actual que otorga el total de los fondos según la población.
Antes del inicio de la reunión, la ministra subrayó la urgencia de llegar a un consenso entre todas las administraciones implicadas para dar respuesta “lo más ágil y lo más rápido posible” y atender al mayor número de personas dependientes.
Desde la puesta en marcha de la ley, 628.614 personas tienen derecho reconocido a recibir las prestaciones contempladas en la norma.
