El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, ha asegurado que recurrirá "en todas las instancias legales nacionales e internacionales" la sentencia del Tribunal Supremo que confirma su condena de 8 años de prisión por los delitos cometidos en el denominado 'caso Rilco'.
La sentencia del Supremo ha confirmado la condena impuesta a Rodríguez de Castro por la Audiencia Provincial de Cádiz por los delitos de fraude en la obtención de subvenciones y malversación y le añade además una multa de 8 millones de euros.
En la sentencia el Supremo confirma también la absolución del sucesor de Rodríguez de Castro al frente de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, aunque por la vía contencioso-administrativa el Tribunal Supremo le ha condenado a devolver 2,6 millones de euros a la Zona Franca por su responsabilidad contable en el "caso Rilco".
Esta otra sentencia del Tribunal Supremo confirma la condena que el Tribunal de Cuentas impuso Miguel Osuna y Rodríguez de Castro, quien debe devolver en virtud de este fallo más de cuatro millones de euros por este fraude.
En un comunicado remitido a Efe, Rodríguez de Castro, que fue quien ideó el portal de comercio electrónico Rilco en la Zona Franca de Cádiz, apunta que volverá a recurrir la sentencia penal del Tribunal Supremo y reitera su "absoluta inocencia".
También denuncia de nuevo que detrás de todo el proceso está "la persecución política a la que me somete el PSOE desde hace quince años con la complicidad de funcionarios públicos, políticos y cómplices corruptos".
Además expresa que renuncia a su "condición de militante del Partido Popular".
Miguel Osuna también ha hecho público que emprenderá una batería de acciones judiciales por los diez años en los que ha estado implicado en este proceso por el que el Supremo ha confirmado su absolución.
Así ha anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violación de su derecho a la tutela judicial efectiva y otro de nulidad de los procedimientos que contra él se han abierto por su gestión en la Zona Franca de Cádiz y en los que han participado los abogados del Estado José Aurelio Ruiz Piña y Manuel Ponce.
Insiste el exdelegado en que ambos fueron colaboradores "necesarios" porque, según insiste, fueron los asesores legales de la Zona Franca de Cádiz en las gestiones que después han perseguido judicialmente.
