La polémica por la cesión de entradas de protocolo por parte de la edil de Presidencia, Ana Fernández, las cuales eran a su vez repartidas por su hermana, que pertenece a la Asociación Mueve Ficha, sigue sin cerrarse. Y es que la edil de Por Cádiz Sí Se Puede salió al paso de las acusaciones negando “rotundamente” que “ni ella, ni nadie de su familia se haya beneficiado económicamente del reparto de entradas de protocolo”, cuestión de la cual no se la acusaba en la información publicada el pasado viernes por este medio.
El alcalde, José María González, también ha salido en defensa de la concejal de su partido, “no toleraremos que se cuestione la integridad de alguien como Ana Fernández. Mi apoyo ante los ataques de la caverna”, tal y como indicó en una red social, pero lo cierto es que ni el regidor gaditano, ni la edil de Presidencia, han explicado por qué la hermana de esta última se encargaba de repartir sin criterio alguno esas entradas de protocolo. Tampoco han explicado en ningún caso por qué y cuál es la razón por la que la asociación Mueve Ficha se encargaba de ese reparto, bajo qué criterios se hacía y por qué este y no otro colectivo podía tener acceso a las citadas entradas para su cesión, sin ánimo de lucro, eso sí, a terceras personas.
Son preguntas por ahora sin respuestas y que dejan en el aire la sensación de que se ha actuado sin ninguna formalidad, fuera del reglamento municipal, puesto que en las conversaciones que mantuvo la hermana de la edil de Presidencia nada parecía formal, todo era sin criterio alguno.
“Bueno otra vez será, gracias cari (hermana de la edil) por pensar en nosotros, eres un sol…”, a lo que Chary contesta “pera’ que me diga mi hermana lo que hay… y luego decidís… jejeje”, es un ejemplo de esas conversaciones. Otro ejemplo es cuando Chary indica que “chicos, 4 entradas (un palco) es lo que hay disponible. Ponerse de acuerdo. Ojalá hubiera más, pero que va”.
Ante esos hechos, aunque no exista ánimo de lucro tal y como explica la concejal de Presidencia, la cuestión principal es qué criterios se siguieron. Además, tampoco estaría de más saber si los que accedieron a esas entradas pertenecían todos a la Asociación Mueve Ficha.
Por otro lado, llama poderosamente la atención que la edil de Presidencia dijese que la noticia en sí, y “las acusaciones vertidas por algunos partidos de la oposición durante la sesión plenaria” del pasado viernes, coincidieron con “la medida puesta en marcha por este equipo de Gobierno de facilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a personas con más dificultades, una medida que quieren echar por tierra poniendo en duda el trabajo de este equipo de Gobierno”.
Dice la edil que el objetivo es “facilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a personas con más dificultades”, por lo que no vemos la relación dado que la asociación Mueve Ficha nada tiene que ver con colectivos sociales o ayudas a personas desfavorecidas o en la lucha por la integración de personas en riesgo de exclusión social.
La Asociación Mueve Ficha, a la que pertenece la hermana de la edil, se dedica, según sus propios estatutos, a, entre otras cuestiones similares, “crear espacios de encuentro para jugar a juegos de mesa, de forma permanente, abiertos a los socios pertenecientes a la asociación Mueve Ficha”; “dar a conocer a la sociedad en general la afición por los juegos de mesa, simulación y estrategia, como alternativa de ocio que fomenta el desarrollo personal y las relaciones sociales”.
Es decir, unos nobles objetivos pero muy alejados del espíritu social de la propuesta del equipo de Gobierno para la cesión de las entradas de protocolo. Por eso también deben explicar desde el equipo de Gobierno, y concretamente la edil de Presidencia, si las entradas que repartió su hermana fueron a parar a personas “con dificultades”. Y si no fuese así, también debería explicar por qué.
Y es que todo hace indicar que se ha actuado con una informalidad flagrante, sin criterio, fomentando el ‘amiguismo’, dejando a un lado la igualdad de oportunidades y olvidándose de los más desfavorecidos. Al menos en este caso donde el equipo de Gobierno en lugar de dar respuestas trata de matar al mensajero.
