El consejo de alcaldías celebrado este lunes en la Diputación Provincial de Cádiz ha asumido la necesidad de reinvertir el superávit de la Institución en la provincia.
Este acuerdo se ha producido tras la lectura de la presidenta de la Diputación, Irene García, de las cifras de liquidación del presupuesto de 2016, ejercicio que se ha cerrado con un superávit consolidado de 64,7 millones de euros y del que se deduce un remanente de 23,2 millones de euros que podría dedicarse a financiar inversiones productivas en la provincia.
Según ha informado Diputación en una nota, la posibilidad de que esta inversión puede ser una realidad es "en caso de mediar la voluntad política por parte del gobierno estatal", según ha indicado García.
Por ello, en el pleno de este miércoles el gobierno provincial reclamará que "esos 23,2 millones de euros puedan conformar un plan de inversiones" que incida en actuaciones de creación de empleo y renovación de infraestructuras, mientras que el consejo de alcaldías ha resuelto amparar esta pretensión.
García ha señalado que esta solicitud de reinversión "ya ha sido planteada ante la junta de portavoces de Diputación y es un asunto que se comparte por unanimidad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".
Además, ha asegurado que "las entidades locales que han cumplido con rigor los postulados de la Ley de Estabilidad Presupuestaria refrendan su gestión económica con cifras de superávit, ahora, quieren que estos recursos se extiendan hacia la sociedad que ha encarado la crisis y que no se destinen únicamente a la reducción de deuda".
La presidenta de Diputación ha recordado que el reciente Plan Invierte ya se nutrió con ocho millones de euros procedentes del superávit de 2015. Si bien ha precisado que las condiciones impuestas por el Gobierno estatal fueron "leoninas, ya que se limitaban las actuaciones a las denominadas inversiones financieramente sostenibles, además de exigirse una ejecución en un plazo de tiempo exiguo".
Además, "este año, al no haberse aún aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE), las circunstancias son aún más complejas", por lo que desde el conjunto de las entidades locales se reclama al Gobierno de España que permita aplicar el superávit de 2016 no sólo en lo que reste de 2017 sino también en 2018.
La reclamación no sólo sería aplicable a la Diputación sino a cualquier ayuntamiento de la provincia de Cádiz que esté en similar tesitura, "con satisfactorios resultados estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública".
Irene García ha recordado los datos que confirman la gestión económica de 2016, el primer ejercicio completo resuelto por el actual gobierno de Diputación.
Así, ha destacado que "los grados de ejecución de los presupuestos de gastos, 85 por ciento, y de ingresos, 88 por ciento, superan ampliamente los promedios del conjunto de diputaciones españolas". Por otro lado, "el nivel de endeudamiento se sitúa en el 71 por ciento de los recursos corrientes muy lejos del 110 que establece el límite legal y además, en marzo de 2017 se alcanzó un plazo medio de pago a proveedores de 16 días".
"Este gobierno evidencia que cumple con la provincia y con lo que se compromete en los presupuestos", ha concluido García, tras observar que el saldo de 2016 se obtiene en un año expansivo en sus inversiones, tanto en programas de empleo, como de renovación de infraestructuras o en incentivos para empresas. "La austeridad no significa no invertir en lo importante", ha afirmado.
