El Sindicato Unificado de Policía de Cádiz, SUP, lamenta que el PSOE continúe “con la equivocada línea del PP sobre la nueva Comisaría Provincial de Cádiz”, una crítica que nace tras las declaraciones del nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, quien según el sindicato dijo que habrá que esperar “al menos diez años” para contar con esas instalaciones.
Tal y como señala el SUP, “una plantilla de Policía como la de Cádiz, que está en primerísima línea de fuego, haciendo frente al fenómeno migratorio, a las mafias organizadas y al narcotráfico entre otros temas, se merece unas instalaciones policiales dignas”, por lo que decir que “los gaditanos tendremos que esperar diez años para disfrutar de ella, sorprende y mucho nos tememos que la comisaría pasará a engrosar el vergonzoso listado de proyectos e instalaciones prometidos a la ciudad de Cadiz no ejecutados, como el nuevo hospital o la ciudad de la justicia, entre otros”.
El sindicato señala que “ el subdelegado argumenta que unos terrenos cercanos a la Estación de tren, con diferentes administraciones implicadas, acarrean una serie de problemas burocráticos”, algo que no convence al SUP que insta tanto al subdelegado como al alcalde de la ciudad a que “se pongan a trabajar y busquen otra ubicación, que las hay, a Cádiz no le falta terrenos, lo que le falta es una buena gestión por parte de las administraciones.
El SUP cree que las declaraciones de Pacheco son la prueba de que “el PSOE va continuar con la línea, equivocada a todas luces, del anterior Gobierno del PP en este tema; que no es otra que seguir pagando a la empresa Telefónica 500.000 euros de alquiler por el Pirulí, en el cual ya llevamos dos años, más los gastos añadidos por no disponer de calabozos y tener que trasladar los detenidos a la Comisaría de San Fernando”, al tiempo que se sigue “malgastando dinero en parchear la antigua Comisaría Provincial de la Avenida de Andalucía, en la que se llevaba invertidos hasta el momento 1,5 millones de euros en un lavado de cara, para así volver a recluir a los funcionarios policiales entre sus apuntalados pilares, y negar al ciudadano un servicio público de calidad”.
