Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP ha anunciado que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo.
En declaraciones posteriores a la prensa, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha avanzado que el Gobierno ya está trabajando en la modificación del vigente reglamento de extranjería, aprobado en 2004.
Finalmente, de las 732 enmiendas presentadas por los grupos, sin contar con la devolución a la totalidad planteada en su momento por PP, PNV y ERC-IU-ICV, el Congreso ha aceptado casi 300.
Junto al rechazo del PP, IU-ERC-ICV y Unión, Progreso y Democracia –este último por opinar que se restringen los derechos del inmigrante–, el BNG se ha abstenido, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Convergencia i Unió y el PSOE han respaldado la norma.
Durante su intervención, el portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, ha asegurado que esta reforma no servirá para frenar las “avalanchas” de inmigrantes en situación irregular.
A su juicio, la ley es una mera reforma cosmética, que ha desaprovechado la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el “coladero” de ilegales de la UE y en territorio propicio para las mafias.
Tras lamentar que el texto no prohíbe las regularizaciones masivas, una de las principales reclamaciones de su partido, ha acusado al Gobierno de no promocionar la integración del inmigrante, una persona a la que se reconocen derechos pero “no obligaciones”.
Ha considerado también una barbaridad que las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales puedan asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y que las comunidades autónomas puedan formalizar convenios en temas migratorios con otros países.
En el caso de los menores españoles, la ley ya contempla esta posibilidad.
Durante su turno de intervención, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, ha acusado al Gobierno socialista de optar por un “discurso duro” y entre los principales puntos de rechazo ha mencionado la ampliación del periodo de internamiento de los extranjeros.
A partir de la aprobación de la ley, los centros de internamiento de inmigrantes podrán retenerlos hasta un plazo máximo de sesenta días, en lugar de los 40 días actuales.
