El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, ha archivado la denuncia acerca de la falta de un plan concreto de seguridad y emergencia nuclear en la comarca del Campo de Gibraltar por la presencia habitual de submarinos nucleares de la Marina Británica en el Peñón.
Según publica este jueves el diario La Razón, tras “apenas dos meses de investigación”, la oficina del Defensor ha “dado por buenas” las alegaciones presentadas por el Consejo de Seguridad Nuclear tras ser éste interpelado vía Portal de Transparencia acerca de esta cuestión. En estas alegaciones, hacían referencia al Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico, así como una Orden del Ministerio de Fomento de 2014 que aprueba el Plan Marítimo Nacional acerca de la contaminación del medio marino que incluye entre los riesgos el nuclear; y que es de aplicación a la “contaminación marina y de las costas”.
En sus alegaciones, el Consejo de Seguridad Nacional afirma que actuaría “siempre que se tenga noticia de situaciones de riesgo”, facilitando “recursos especializados” y “recomendaciones» sobre «medidas de protección”, cita el rotativo nacional.
Cierre “en falso”
En lo que se refiere al reclamante, el abogado, profesor y colaborador en varios medios Guillermo Rocafort considera que la reclamación ha “cerrado en falso”. Para Rocafort, resulta “evidente” que estos planes “apenas se aplican a las situaciones de riesgo nuclear que generan los submarinos británicos en la zona cuando están en su base naval”. Para el demandante, España tendría que tener “su propio plan específico de seguridad y de emergencia nuclear para la zona del Campo de Gibraltar, como Reino Unido lo tiene para la colonia de Gibraltar y todas las zonas colindantes a sus bases de submarinos nucleares en el Reino Unido, pero no lo tenemos”, lamenta ante La Razón.
Rocafort opina que “no sería de aplicación” el Plan Estatal de Protección Civil “porque el apartado 1.4.e) que se cita se refiere a emergencias nucleares localizadas en buques con propulsión nuclear fondeados en puertos españoles o transitando por el mar territorial y zona contigua”, lo que “no es el caso de la colonia de Gibraltar y su base de submarinos, que está ocupada ilegalmente por el Reino Unido, según varias resoluciones de la ONU”.
En su opinión, “cuando los submarinos nucleares británicos están en la base naval de Gibraltar no están en un puerto español y tampoco están transitando por mares españoles y sus zonas contiguas, por lo que no se le podría aplicar el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico al que hace referencia el Consejo de Seguridad Nuclear en su respuesta al Defensor del Pueblo”, lamenta.
En cuanto a la orden ministerial, Rocafort señala a La Razón que es evidente que “se trata de una orden de un alcance relativo y, por supuesto, no protege a la población y al terreno español que rodea la base de submarinos nucleares británicos en la colonia de Gibraltar”.
El abogado concluye afirmando que “es importante que las autoridades españoles autonómicas y locales tomen nota del peligro de la situación en unos momentos de tensión internacional por la Guerra de Ucrania, el incremento de la presencia de submarinos nucleares británicos en Gibraltar y por la tirantez creciente entre España y Reino Unido por la colonia y el comportamiento de sus autoridades”.
La Razón recuerda que desde el colectivo conservacionistaVerdemar Ecologistas en Acción han alertado de “una avería o un atentado tendría consecuencias catastróficas para la gente que vivimos en La Línea, en San Roque, Algeciras, en definitiva en el Campo de Gibraltar o en el Estrecho”.
