Obviamente no se pueden comparar las condiciones de aquellos años 50 y 60 con las del último cuarto de siglo, salvo en la dejación de funciones de las administraciones de todo tipo, pero de nada va a servir que el enorme embrollo a que ha llevado la acción de unos y la omisión de otros se dirima por la fuerza de las posturas enfrentadas en vez de abrir un diálogo libre de trampas y en el que cada uno afronte sus culpas, porque las soluciones tampoco pueden resultar un agravio a quienes cumplieron la ley a rajatabla.
Si ha hecho bien el Gobierno municipal manteniendo la actividad a la espera de la notificación oficial de la anulación del PGOU o no, es cuestionable y seguramente será cuestionada, de la misma forma que lo puede ser la aplicación de una u otra norma en función de intereses no consensuados.
Pero lo que sí está claro es que el periodo que se abre ahora tiene que convertirse en una oportunidad antes que en un nuevo escollo para solucionar de una vez por todas el problema. Si es que el problema, a estas alturas, tiene solución.
