El PP exige a Boix que deje la "actitud grosera" y cumpla con los trabajadores del Ayuntamiento

El Partido Popular de San Roque siente vergüenza ajena después de conocer que la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento han tenido que recurrir a los medios para denunciar públicamente la actitud dictatorial del alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix. Han denunciado que el actual equipo de Gobierno socialista no está dispuesto a negociar con los trabajadores y, además, incumple las directrices que marca el Estado al no pagar la parte pendiente de la extra de 2012, ni dar a los empleados los días de asuntos propios y de antigüedad que les corresponden.
“Esto es inadmisible. Ruiz Boix siempre ha destacado por su nula capacidad de negociación con los trabajadores, pero nos sigue sorprendiendo”, indica la portavoz del grupo municipal popular, Marina García. “Ya tuvimos conocimiento de una lamentable reunión en la que los propios asistentes calificaron al alcalde como un elefante en una chatarrería por su actitud grosera e impertinente cancelando todo lo que se había acordado con el concejal de Personal e imponiendo su criterio”, recuerda. Así, pide que deje esa actitud y se vuelque en el “principal recurso” que tiene el Ayuntamiento, que no es otro que su personal.
Por ello, el Partido Popular se posiciona y defiende  a los trabajadores e insta al alcalde a cumplir de inmediato con las exigencias de los representantes de los trabajadores. “Que no se escude en excusas, como es habitual en él. Debe dar la cara ante los trabajadores, a quienes no cuida y, además, hace una política selectiva incumpliendo las directrices del Gobierno Central”, precisa García.
Recuerda, además, que en la Diputación provincial, donde el propio Ruiz Boix es vicepresidente, sí se ha pagado la parte que corresponde a los empleados y anuncia que se hará también en Mancomunidad, gobernada por el PP.
Los populares insisten en pedir al alcalde “que no se demore más, ya que vienen fechas de muchos gastos. No damos crédito a que siga empecinado en no pagar a sus trabajadores cuando está al frente de un Ayuntamiento que es económicamente solvente y no tiene reparos en contratar un inspector de la Policía Local que costará 100.000 euros anuales”.