El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha destacado la gran acogida que ha tenido, en lo que a información y recogida de solicitudes se refiere, el decreto de inclusión social que está gestionando el Ayuntamiento y que permitirá al consistorio contratar a una serie de personas que cubrirán un contrato de trabajo temporal para realizar distintas labores en varias de las delegaciones municipales. En total serán alrededor de 147 empleos los generados a través de esta iniciativa.
Durante las tres semanas que ha durado el periodo, la Oficina de Atención al Ciudadano, que dirige la concejal delegada de Participación Ciudadana, Victoria Zarzuela, ha informado a más de cinco mil personas, de las cuales, 1.520 entregaron completas sus solicitudes, que tendrán que ser valoradas por los servicios técnicos municipales según los ratios que determina el propio decreto.
Cabe destacar que el personal de la oficina se ha visto reforzado con la presencia de tres funcionarios adscritos a la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, que tutela la teniente de alcalde Paula Conesa.
Los requisitos exigidos para poder acogerse a esta iniciativa han sido, en primer lugar, residir en este municipio; ser demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo y no haber trabajado más de 90 días durante el año anterior a la petición; que al menos un año antes de la presentación de la solicitud todas las personas que componen la unidad familiar hayan estado empadronadas como residentes en un mismo domicilio ubicado en un municipio de Andalucía, a excepción de las personas menores nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a esa fecha, las víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas.
Asimismo, también se exige que el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar deber ser inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades familiares de una sola persona, inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas, Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres personas, e inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más personas.
Finalmente, se exige que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante informe realizado por la trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios. El informe social sólo se emitirá si la persona solicitante cumple los requisitos señalados en este punto.
