Miembros de Ecologistas en Acción de Cádiz junto a los representantes de los grupos federados, se han reunido durante la celebración del consejo provincial en el Corredor verde de Verdemar-Ecologistas en Acción en San Roque y, al final de la reunión, se han desplazado a la citada playa para realizar el acto de protesta.
Los argumentos que se han presentado en tiempo y forma ante las administraciones con competencia se resumen en los siguientes puntos:
En primer lugar, consideran que "el Plan Parcial vulnera las determinaciones de la planificación territorial vigente, pues contradice las normas de aplicación directa del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar y del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que prohíben la construcción de viviendas y hoteles en la finca, respectivamente. Y como ha manifestado la Jurisprudencia, son reglas vinculantes de contenido urbanístico".
Añaden que el Plan Parcial "choca con la futura inclusión de la finca en el Parque Natural Los Alcornocales (por aprobar en este ejercicio 2017), que ordena como únicos usos compatibles lo actuales forestal y ganadero, y en virtud de la protección cautelar que la Ley de Patrimonio Natural otorga no puede aprobarse un desarrollo urbanístico que hará imposible alcanzar los objetivos del futuro espacio natural".
Para los conservacionistas, el Plan Parcial "contradice la reclasificación urbanística de la finca a “suelo no urbanizable de especial protección”, como prevé la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque cuya tramitación ya se ha iniciado, dando así cumplimiento lógico a toda la planificación territorial y ambiental. Por lo que debe evitarse el absurdo de llegar a aprobar un Plan Parcial que devendrá incompatible con la ordenación futura del municipio y no podrá siquiera ejecutarse, máxime cuando deberá suspenderse su tramitación conforme al artículo 27 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía".
Además, creen que "los promotores aportan un Documento Ambiental Estratégico repleto de argumentaciones infundadas y sesgadas acerca de la supuesta inaplicabilidad de los planes territoriales, y acompañan un informe interesado sobre flora que diagnostica una presunta ausencia de flora protegida y amenazada en el sector de la finca que se urbanizaría, ignorando la localización real y oficial de esas especies".
De igual modo, opinan que "los promotores juegan al chantaje cuando afirman que el rechazo al Plan Parcial acarrearía la obligación de las Administraciones competentes de indemnizarles por las expectativas urbanísticas frustradas (532 millones de euros), ocultando la doctrina del Tribunal Supremo que niega tal derecho indemnizatorio cuando aún no se han llegado a aprobar el Plan Parcial y el posterior Proyecto de Urbanización, que es cuando se materializan tales expectativas en genuinos aprovechamientos lucrativos".
Por todo ello, esta organización insta a las Administraciones implicadas (autonómica y local) a aplicar con rigor la planificación territorial y la legislación urbanística y ambiental vigentes, para poder preservar el último espacio litoral sanroqueño no transformado, y el único alcornocal costero mediterráneo del territorio español que ha sobrevivido a la presión urbanística.
