El coordinador provincial de IU en Cádiz, Fernando Macías, ha criticado el "decretazo" de la Junta de Andalucía por el que se han modificado 21 leyes y 6 decretos que afectan de manera especial a cuestiones relacionadas con la construcción, el turismo o el comercio. En este sentido, calificado de "absolutamente injustificado que se hayan introducido modificaciones que pueden afectar al futuro de los pueblos y de la provincia en su conjunto, sin ningún tipo de consenso".
En una nota, Macías se ha mostrado "satisfecho" por los primeros pasos dados por el Gobierno central para llevar ante el Tribunal Constitucional el "decretazo" de la Junta y ha criticado que "se ha aprovechado que los alcaldes están en primera línea de combate del coronavirus y con escasa capacidad de maniobra de los grupos parlamentarios".
En este sentido, ha añadido que confía en que el informe solicitado por el Gobierno al Consejo de Estado para ver si finalmente se puede recurrir el Decreto-ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva de Andalucía "sea favorable y se pueda dar marcha atrás en este sinsentido de la derecha andaluza".
"El cúmulo de normas a las que afecta tiene una clara intención del gobierno andaluz de que sus efectos vayan más allá de la reactivación de la economía en época de Covid-19", ha afirmado Macías, que ha añadido que "la terrible situación que viven los pueblos ha sido la excusa perfecta para que la derecha vuelva a rendirse a los intereses de los especuladores, dándole de nuevo la espalda a la necesidad de desarrollo sostenible que tiene la provincia y el resto de Andalucía".
Por su parte, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, "uno de los municipios que más ha combatido en las últimas décadas la especulación urbanística y que podría verse fuertemente afectado por la flexibilización de la normativa andaluza", según IU, ha considerado el decreto "un verdadero despropósito, porque viene a modificar multitud de leyes y decretos sin que esté justificada en ningún momento la urgencia".
Para el alcalde conileño, "el modo que se ha utilizado está fuera de lo común, dada la cantidad de legislación afectada y el calado de las modificaciones que se han realizado vía decreto, es totalmente rechazable".
Además, ha criticado que la tramitación "ha impedido la participación de agentes económico y sociales que se ven afectados de manera directa por los cambios jurídicos y por las reformas llevadas a cabo".
"Tenemos muchas dudas por la legalidad del decreto y su vigencia, se vienen a cambiar cuestiones importantes que tienen que ver con tema urbanísticos, se sustituyen los planes especiales y proyectos de actuación en suelos no urbanizables para diferentes infraestructuras por un mero informe y se eliminan los planes de evaluación ambiental estratégica", ha afirmado.
Para Bermúdez, el decreto de la Junta "abre la puerta a la cultura del ladrillazo y el pelotazo que se ha vivido durante muchos años en Andalucía y que se ha demostrado por activa y por pasiva que no era la correcta".
