El delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, Juan Ramón Pérez, se ha mostrado especialmente contundente este miércoles en relación al problema de la falta de agua de la zona norte de la provincia de Córdoba y que mantiene en vilo a 79.000 vecinos que cuando abran el grifo en octubre verán cómo no cae agua. Tras el anuncio por parte de la Diputación de Córdoba de que la mejor solución es instalar una toma de agua en superficie en el embalse de La Colada, Pérez subraya que el proyecto más viable es el de conectar Sierra Boyera con Puente Nuevo, de competencia estatal y sobre el que el titular de Agricultura ha dicho que "si el problema del Gobierno central es una cuestión económica, que nos lo solicite y la Junta apoyará económicamente este proyecto".
Durante la presentación de las nuevas ayudas para mejorar el abastecimiento y reducir pérdidas de agua en municipios de menos de 20.000 habitantes, el delegado de Agricultura ha recordado que el problema del déficit hídrico de esta zona de la provincia no es nueva y que ya "desde fin del año pasado se avisaba por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de la situación de sequía que se venía arrastrando, además de la situación de alarma y de falta de agua en Los Pedroches y el Guadiato".
En su intervención, ha expuesto que dentro del Plan de Sequía ya se definía la situación de emergencia y que la solución eran era el trasvase desde Puente Nuevo hasta Sierra Boyera. Una iniciativa que se trasladó al Ministerio de Transición Ecológica que, finamente, la excluyó "a principio de año, cuando era prioritaria".
Desde entonces, ha continuado, "y a las puertas del mes de julio no se ha dado la respuesta por parte del Ministerio, ni tampoco una explicación de esa eliminación".
El planteamiento de Diputación es "una ocurrencia para tapar algo que el Gobierno central no ha hecho"
Llegados a este punto, fue el pasado lunes cuando la Diputación de Córdoba propuso una solución temporal, contraria a la que defiende la Junta de Andalucía, que no es otra que instalar una toma de agua en superficie en el embalse de La Colada y realizar los bombeos necesarios hasta conectar con Sierra Boyera, de manera provisional y por emergencia".
Una propuesta que Pérez ha calificado de "ocurrencia porque plantea tapar algo que el Gobierno central no ha hecho". Así, ha detallado que este planteamiento "da por hecho que la instalación existente en La Colada, parada desde 2009, y que el actual Gobierno de la Junta retomó y se está trabajando en ella, se puede usar". Sin embargo, ha advertido de que realmente "no se conoce cómo está la red de La Colada".
A este inconveniente, el delegado de Agricultura ha expuesto que tampoco se sabe la situación energética de la instalación y "cómo se puede contar con las bombas que se pueden tener". A su juicio, la institución supramunicipal "ha dado por hecho un proyecto que no es cierto; no hay que faltar a la verdad a los agricultores y ganaderos de estas comarcas".
Así, ha insistido en que se trata de "una ocurrencia porque es irreal y no cuenta la verdad, no se sabe cómo están las tuberías ni el mantenimiento".
A pesar de ello, ha reconocido que "no está todo perdido" y ha vuelto a defender que "la solución debe pasar por el proyecto de Puente Nuevo a Sierra Boyera, ya que sería más viable". Es más, ha afirmado que el Ministerio de Transición Ecológica "puede encargarlo de emergencia".
Otro aspecto que ha criticado es que "la Diputación obvia también que el trasvase sería entre las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir y, para ello necesita la autorización del Consejo de Ministros". "Todo se podría salvar con la declaración de emergencia, y no hay que generar falsas expectativas", ha anotado, al tiempo que ha señalado que la Junta no es competente para declarar esta obra de emergencia, ya que el organismo que tiene que tomar la decisión es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En este punto, ha recordado que la Junta ha encargado el estudio para conocer en que estado se encuentra esa instalación, cuyos resultados se conocerán después del verano. En un principio, el estudio se iba a prolongar durante 14 meses, es decir, que estaba previsto que los resultados se conociesen en febrero de 2023, aunque ante la situación actual ese plazo se ha reducido en seis meses.
Una vez conocido el estado en el que se encuentran las tuberías y para iniciar las obras en el menor tiempo posible, Pérez ha avanzado que "en lugar de una adjudicación sería una encomienda de gestión a una entidad pública y las obras podrían comenzar y estar listas en 2023".
