El juez decano de Córdoba, José Carlos Romero Roa, se muestra reticente a que se construya la Ciudad de la Justicia de Córdoba ahora, algo que no cree que se vaya a producir en próximas fechas, pero que le gustaría que se llevara a cabo, al tiempo que advierte de que si se implanta el nuevo modelo de Tribunal de Instancia el actual proyecto de Ciudad de la Justicia quedaría "obsoleto completamente".
En una entrevista concedida a Europa Press, el representante de los jueces ha manifestado que "ciertamente que sí" que el proyecto en cuestión debiera desecharse y ser más realistas ante el tiempo actual y en previsión de que no se pueda ejecutar, dado que "es un tema absolutamente recurrente, porque ni está, ni después de muchos años y muchas páginas de periódicos, se le espera", ha subrayado.
"Esa es la realidad", comenta el juez decano, a quien le gustaría que "se construyera", porque, como recuerda, "uno de los graves problemas de Córdoba es la dispersión de sedes", pero asegura que no ve que se vaya a construir. Y es que, "ahora veo que existe un problema de relativa trascendencia", puesto que "si se va a definir un modelo de Tribunal de Instancia con jurisdicción provincial y con sede en la capital", es "obvio" que el edificio proyectado "ya no sirve, tendríamos que hacer un replanteamiento absoluto de la cuestión".
En cualquier caso, destaca que "los problemas de espacio" en los actuales edificios y "de dispersión" son "graves", de modo que "cualquier cosa nueva, aunque después la organización pudiera estar en tres edificios diferentes, sería buena". Así, propone que "a lo mejor la Ciudad de la Justicia se puede destinar a la jurisdicción penal y civil"; el edificio central de juzgados dedicarlo a "la jurisdicción social y contencioso administrativa", y la zona de la Audiencia a "los juzgados de menores y de violencia sobre la mujer". Un ejemplo de que "si se construyera las soluciones podrían ser más razonables", ha apuntado.
Entretanto, argumenta sobre la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que "la creación de los Tribunales de Instancia es una decisión de carácter eminentemente político", en la que tiene en cuenta que "es indudable que el modelo actual es obsoleto, del siglo XIX", que "plantea lagunas y disfuncionalidades evidentes y manifiestas". No en vano, "hay partidos judiciales que tienen muy poco o relativamente poco trabajo y partidos judiciales que se ven colapsados", por lo tanto ve "evidente que con el nuevo modelo las disfuncionalidades podrían de alguna forma resolverse".
En este sentido, opina que la instauración del nuevo modelo no es "perjudicial", sino que cree que "el modelo tiene que cambiar", aunque resalta que "plantea algunos problemas, como que el modelo de planta y demarcación está íntimamente relacionado con la Oficina Judicial". Así, considera que "o se desarrollan los dos o el fracaso vendrá"; a lo que añade que en el modelo actual "se tiende a la especialización, por tanto no te puedes ir llevando a jueces de un lado para otro, porque al final perjudica al ciudadano".
También, advierte de "otros problemas de relativa relevancia", como son "la desaparición de los decanos"; "los núcleos que estén muy alejados de la capital", o "la supresión de las audiencias provinciales", que no le parece "excesivamente razonable, porque funcionan relativamente bien, y la de Córdoba lo hace de manera magnífica y es un modelo a seguir", ha elogiado.
En todo caso, puntualiza que "o la reforma es estructural y evidentemente todos estos problemas se resuelven o la reforma no servirá para nada", al tiempo que alude a la cuestión presupuestaria, que es "evidente" en este tiempo, teniendo en cuenta que "hay que crear nuevos edificios para meter los macrotribunales; hay que organizar la Oficina Judicial, con lo que presupuestariamente significa, o hay que reorganizar todos los medios administrativos al servicio del Tribunal de Instancia".
No obstante, Romero Roa argumenta que se habla "de algo que no es tan seguro que se apruebe en esta legislatura, porque tiene más problemas de los que derivan de decir hago un anteproyecto de nueva reforma de ley", al tiempo que remarca que en su opinión "el cambio de modelo es necesario", pero aclara que la reforma de Demarcación y Planta Judicial "no solo es cuestión del Gobierno central", sino que "tienen mucho que decir las comunidades autónomas y determinados alcaldes", por lo que "desde el punto de vista político no es tan fácil, ni tan sencilla".
REIVINDICACIONES PARA CÓRDOBA
En cuanto a la situación del juzgado de guardia 24 horas, que se reclama desde hace más de siete años, el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba considera que es "una cuestión esencialmente económica", para el abono diario "al juez, al secretario, al fiscal y a los funcionarios", que pese a contar con informes favorables de distintas instancias, el presupuesto condiciona, según señala el juez decano.
Sin embargo, defiende que "la necesidad del juzgado de guardia en Córdoba es evidente", pues, "mejoraría el servicio mucho", entre otras cosas porque "ahora existen muchos problemas de coordinación o de traslado de presos y es obvio que el servicio sería mucho más eficaz", apunta el togado, quien reivindica la creación del mismo.
Al respecto, informa de que los jueces de Córdoba ya se han dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para "solicitar una aclaración" sobre "el descanso de los jueces tras la guardia", después de que "hasta hace poco eran los únicos funcionarios que tras la guardia semanal no tenían derecho a un día de descanso", si bien "se ha reconocido" en el nuevo reglamento a tal efecto del Consejo, pero "en Córdoba cuando se acaban la guardia ordinaria comienzan las guardias de faltas que duran otra semana", motivo por el que en la consulta se transmite "si hay posibilidad de que ese día de descanso no se haga efectivo hasta que no se acaben los dos turnos de guardia".
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
En otro orden de cosas, sobre las nuevas tecnologías en los juzgados, Romero Roa señala que "el problema es complejo", precisando que si se comparan los medios de principios de 1990 con los que existen en la actualidad "no se puede decir que no haya existido un avance, ni que haya existido una inversión por parte de la Junta", pese a ello asevera que "la cuestión de las tecnologías en sí mismas no resuelve el problema, sino que tienen que ir orientadas a la nueva Oficina Judicial". Así, explica que "si no se tiene el modelo definido, difícilmente la tecnología funcionará con un mínimo de razonabilidad, porque se tendrá que volver a cambiar cuando tengamos el modelo".
Aparte, ve "algo básico", como es "la digitalización del expediente judicial", de manera que "si se quiere que esto funcione y la tecnología evite todas las disfunciones actuales de traslado de papeles y expedientes, lo primero es la digitalización". Por ende, aclara que "no se resuelve nada con la Oficina Judicial si se tiene que traer un expediente de otra oficina alejada, cuando se podría ver por ordenador y remitir la resolución con firma electrónica", algo que "obviamente sí sería efectivo".
Otra cuestión que le preocupa es "la dispersión" en este ámbito, dado que "Andalucía tiene un sistema, el Ministerio de Justicia tiene otro y otras comunidades autónomas tienen el suyo", a lo que agrega que "existen algunos problemas de interconexión del sistema judicial con otros sistemas externos, que son básicos, como la Seguridad Social o la administración tributaria". Para surtir efecto, cree que es "necesario unificarlo todo", porque "para que el sistema sea verdaderamente eficiente tiene que estar interconectado", sostiene el juez.
