El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha avisado este jueves que va a "pelear por que se respete el ámbito competencial" por parte del Gobierno central ante la nueva Ley de Patrimonio Histórico que se quiere impulsar en el ámbito nacional, a la vez que ha cuestionado sobre "qué cuantía está dispuesta a aportar el Ejecutivo para ayudar a mantener el patrimonio", porque "de eso no se dice nada".
Así lo ha remarcado el regidor en declaraciones a los periodistas, a quienes ha comentado que en la reciente asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio, "de manera informal", le ha transmitido a la Comisión Ejecutiva del Grupo y al presidente "la preocupación por cómo va a quedar redactada definitivamente la ley".
Y es que, según ha subrayado, "no hay ninguna información, ni a través de la Red de Ciudades Patrimonio, que merecería tener algún tipo de información, porque queda claro que vamos a ser las ciudades con una relación más directa con la aplicación de esa ley, porque es donde están concentrados gran parte de los patrimonios de la Humanidad de toda España", así como a través de cada ayuntamiento.
Ante ello, Bellido ha indicado que ha tenido conversaciones "informales" con la Consejería de Cultura de la Junta Andalucía y ha avanzado que van a "defender el ámbito competencial de cada uno". "Vamos a pelear", ha sentenciado.
Al respecto, ha explicado que "la Junta de Andalucía tiene las competencias reflejadas en su Estatuto de Autonomía y se va a defender para evitar intromisiones", dado que "esto ya es un asunto de competencias y respeto a lo que cada uno lleva haciendo y funcionando bien durante tantos años", ha agregado el alcalde, quien tampoco ve "la necesidad de cambiar los modelos".
En este sentido, el primer edil ha detallado que en Córdoba hay cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad, con Medina Azahara, el casco histórico, la Mezquita-Catedral y los Patios, y "las cuatro se protegen adecuadamente, funcionan bien y no hay ningún problema", de modo que ha advertido de que "todo lo que sea cambiar cuestiones que funcionan bien siempre preocupa, y, sobre todo cuando no sólo se quiere cambiar la ordenación de protección, sino que se quiere cambiar el modelo".
Así, ha reprochado que "se quiere meter a nuevos actores que no se sabe muy bien qué es lo que pueden aportar", a la vez que ha manifestado que "no hay información, ni se tendrá, sobre qué cuantía está dispuesta a aportar el Gobierno de la Nación para ayudar a mantener el patrimonio", dado que "eso en la ley no se dice nada", ha apostillado.
Al efecto, cree que se puede dar "una cuestión muy curiosa como es que quieran participar en cómo ordenar la protección de determinados patrimonios, pero que pague otro", algo que le parece "el colmo de los colmos".
