La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge del 16 al 23 de octubre el juicio con jurado popular contra dos acusados por un presunto delito de homicidio tras el hallazgo de dos personas muertas en un pozo de una finca de Cartaya en 2019. Para ellos, la Fiscalía pide la pena de 48 años de prisión como presuntos autores de un delito de asesinato con alevosía (23 años) y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento (25 años).
Este juicio se celebra después de que se suspendiera en marzo, cuando se había señalado su celebración, debido a problemas de salud con uno de los letrados, por lo que hubo que poner en libertad a los acusados.
Así, según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, en días previos al 14 de abril de 2019, los acusados J.A.M.B y J.M.P.P, ambos sin antecedentes penales, "planearon acabar con la vida de M.B.G", con quien "habían tenido graves conflictos previos relacionados, en su mayor parte, con el tráfico de drogas".
De este modo, señala que el día 14 de abril de 2019, uno de los acusados engañó a MBG para que lo acompañase a una finca ubicada en un camino de la localidad de Cartaya "bajo el falso pretexto de apoderarse de una cantidad indeterminada de droga que supuestamente estaría allí escondida" y donde les esperaba "oculto y armado con una escopeta de su propiedad" uno de los presuntos autores de dar muerte a estas personas, con la que "pretendían acabar con la vida de MBG disparándole, aprovechando sus habilidades como cazador experto", y "con la intención de no dar a esta persona posibilidad alguna de reacción".
Así, el escrito apunta que sobre las 22,30 horas de ese día MBG llegó a la finca acompañado de SVC y el enjuiciado, que se encontraba esperando "agazapado a varios metros, a oscuras y oculto entre la vegetación, disparó con su escopeta alcanzando a SVC, al confundirlo en la oscuridad con MBG, ocasionándole una muerte inmediata como consecuencia de un único y certero impacto de bala recibido en el tórax que le produjo una herida con destrucción de los centros vitales torácicos, todo ello sin que la víctima tuviera oportunidad alguna de eludir tal acción letal, ni de percatarse de la presencia armada".
Tras ello, el acusado disparó también a MBG "sin llegar a alcanzarle, agotando los cartuchos del arma y acercándose hasta el punto en el que aquel se encontraba junto al otro acusado, acabaron con su vida propinándole uno de ellos repetidos golpes en diversas partes de su cuerpo con la escopeta ocasionando al MBG con esta violenta acción un enorme sufrimiento como consecuencia de los incesantes impactos recibidos con el cañón de metal y la culata de madera del arma".
Esta persona murió "tras recibir golpes mortales en el cráneo y pese a sus intentos de defenderse de la agresión, ya que "le fueron propinados numerosos golpes que le produjeron fracturas de cúbito y radio de antebrazo derecho --con el que trató de defenderse de los impactos--, así como contusiones a nivel facial, entre otros daños" que le ocasionaron "al menos 19 lesiones de carácter no mortal en el curso de los hechos y hallándose aún con vida".
Finalmente, falleció como consecuencia de un "traumatismo cráneo-encefálico severo" tras haber recibido, "al menos, 14 impactos focalizados en regiones occipital y parietal derecha que le produjeron el hundimiento del cráneo mientras se encontraba en el suelo con importantes heridas y sin posibilidad de defensa".
Fiscalía señala en su escrito que "tras perpetrar ambas muertes, los acusados arrastraron los cuerpos inertes de ambas víctimas hasta un pozo de la misma finca donde los arrojaron, ocultándolos a la vista de terceros con plásticos de invernadero", así como trataron de "eliminar cualquier indicio que pudiera incriminarles en las muertes ejecutadas" prendiéndole fuego al coche de uno de las víctimas después de trasladarlo hasta La Ribera, en Huelva, y abandonaron la zona.
Asimismo, en el transcurso de su trayecto "arrojaron a la ría del Odiel los terminales móviles que hallaron en los cuerpos de los fallecidos" con "la intención de borrar todo rastro de su participación en las muertes de ambas personas".
Por todo ello, la Fiscalía los considera autores de un delito de asesinato con alevosía con relación a la muerte de SVC y de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento con relación a la muerte de MBG. Por ello, pide una pena de 48 años de cárcel para cada uno de ellos, 23 por el delito de asesinato con alevosía y 25 con el que incluye ensañamiento. Además, solicita que los acusados indemnicen en la cantidad de más de 648.000 euros a los familiares de ambas víctimas.
LOS HECHOS
Los dos cuerpos fueron hallados el 16 de abril de 2019 dentro de un pozo en una parcela ubicada en la carretera comarcal H-3402 a las afueras de Cartaya, ocultos debajo de plásticos agrícolas, tras desaparecer unos días antes.
Tras los hechos fueron detenidas dos personas y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, atribuyéndoles inicialmente un presunto delito de homicidio, toda vez que los dos investigados se acogieron a su derecho a no declarar en su comparecencia judicial.
Así, durante las declaraciones en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Ayamonte en septiembre de 2020, uno de los acusados apuntó al otro encausado de ser el autor material de los disparos que acabaron con la vida de estas dos personas, después de que el otro imputado no pudiera declarar tras la renuncia de su abogado antes de comenzar las mismas.
Uno de los fallecidos fue el onubense Samuel Vizcaya, cuya desaparición denunciaron públicamente sus familiares el Domingo de Ramos de esa Semana Santa al ser descubierto calcinado su vehículo particular en los alrededores del cementerio de La Soledad de Huelva capital. Tras hallarse su cadáver y realizarse las detenciones, familiares y amigos se manifestaron en junio de 2019 en Huelva para pedir la prisión permanente revisable para los presuntos autores de estos hechos.
