El secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz, ha valorado que el pacto por Doñana suscrito entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central es "positivo" porque se "ha reconocido" que había "una injusticia con muchos agricultores de la zona" y "se ha intentado buscar una solución".
En declaraciones a Europa Press, Sanz ha señalado que se trata de "una solución, una salida para todos estos agricultores del entorno de Doñana", aunque "como en todo acuerdo, habrá quién habrá quedado más o menos satisfecho". "Pero, sobre todo, se ha reconocido que realmente existía el problema y que había agricultores a los cuales se les había perjudicado o más bien, habían salido perjudicados con la aplicación del Plan de la Corona Norte. Por lo que el resultado al final ha sido positivo", ha manifestado.
En cuanto a las medidas que contempla el acuerdo, el secretario general ha subrayado que son acciones que "si se aplican bien, o como están previstas, van a ser muy favorables no solamente para los agricultores, sino para todos los habitantes del entorno", puesto que no solo "van encaminadas a los agricultores".
No obstante, en cuanto a las medidas para los agricultores, Sanz ha destacado que se ha propuesto "pasar tierra de regadío a secano o una serie de ayudas para renaturalizar la zona", por lo que "si esto es mucho o poco, al final la rentabilidad de un cultivo de berrie depende de la explotación y de quién la gestione".
"El valor de las tierras en esas zonas es un valor alto, y algunos dicen que pueden venderlas por más dinero del que le están ofreciendo la administración. Pero realmente lo que se está proponiendo no es una compra, sino simplemente una naturalización o una reforestación de esa tierra. Por lo tanto, la titularidad sigue siendo del propietario, y eso no va a cambiar", ha comentado.
Por otra parte, Sanz ha explicado que en el entorno de Doñana hay "casi un tercio" de las explotaciones de frutos rojos de la provincia, por lo que "hay que buscarles también una solución a más largo plazo", y para eso "hay que acometer una serie de obras hidráulicas que ya están garantizadas con la administración, con la Ley den Trasvase, y el Gobierno se ha comprometido a impulsar todas esas medidas".
"Habrá que sentarse a hablar con la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir para que se impulse ese trasvase para que todo el entorno pueda disfrutar de agua superficial, de modo que la provincia tenga la capacidad de poder dar regadío a todas esas zonas, y así tengan la seguridad de agua en superficie, y de no volver otra vez a la situación anterior", ha concluido.
