Los trabajadores de SDS vuelven a verse afectados por las decisiones de la dirección de Ayesa AT tan solo 9 meses después de que el juez declarase nulos los traslados forzosos a Sevilla que ésta pretendía realizar. SDS, anteriormente de accionariado mayoritariamente público, fue adquirida junto a Sadiel por Ayesa, una empresa de ingeniería propiedad del empresario sevillano José Luis Manzanares en 2011. Los trabajadores manifestaron su preocupación en aquel momento, dado que preveían que la compra pudiese suponer recortes en las condiciones, despidos y deslocalización del trabajo. En el momento de la compra, la factoría radicada en El Puerto de Santa María contaba con más de 190 trabajadores. En el momento que se plantea el ERE sólo quedan 73.
En opinión del Comité de Empresa “es algo que se veía venir. Después de que se anulasen los traslados, lo que nos llevó una dura lucha con una huelga indefinida, la empresa se dedicó a no enviar más trabajo a la factoría de El Puerto y a no renovar los contratos que ya existían, preparando la justificación económica que hoy esgrimen para cerrar”. Carlos Armengol, presidente del Comité de Empresa, indica que “consideramos que la Junta de Andalucía tiene mucha responsabilidad en el futuro de 73 familias trabajadoras. La venta a Ayesa ha traído la pérdida de cientos de empleos entre Sevilla y Cádiz y, ahora, pretende la empresa dar el cerrojazo a una factoría que, de existir auténtica voluntad de apostar por ella, es viable económica y técnicamente”. En la situación de paro y precariedad que se siente con especial crudeza en la provincia de Cádiz, el presidente del Comité plantea que “la Junta no puede cruzarse de brazos y que deben tomar cartas en el asunto directamente, garantizando el empleo si no quieren seguir abundando en el deterioro del tejido industrial gaditano y del paro endémico que venimos sufriendo”.
Desde el Comité de Empresa plantean que su apuesta, como no puede ser de otra manera, es por el mantenimiento del empleo y en la jornada del martes 23 se reunirán con el conjunto de los trabajadores en asamblea para decidir qué pasos tomar en defensa de sus puestos de trabajo.
