El Ayuntamiento quiere hacer varias aclaraciones con respecto a las declaraciones vertidas en distintos foros por la Plataforma “APEMSA no se Vende”, en las que se imputa de un supuesto delito de prevaricación a varios miembros del Consejo de Administración de APEMSA y del entonces gerente de la empresa municipal, en relación a la prórroga de los contratos de mantenimiento del alcantarillado y de la EDAR a la empresa Aqualia.
El Consistorio quiere hacer constar que, a fecha de hoy, ni en el Ayuntamiento ni en APEMSA se ha recibido ninguna notificación al respecto, ni del Juzgado ni de la Fiscalía; por tanto, apenas puede haber pronunciamiento sobre ello, pues se desconocen los términos exactos del escrito.
No obstante, desea aclarar que la prórroga de los contratos de Aqualia, a los que se refieren los miembros de la citada Plataforma, contó en todo momento con el respaldo de los pertinentes informes técnicos, jurídicos y económicos.
Aunque se desconocen los términos exactos del escrito redactado por la Fiscalía y, teniendo en cuenta que “la prevaricación es un delito que consiste en que la autoridad, juez y otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha decisión es injusta”, y que uno de sus principales requisitos es que “la persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario”, se entiende que no sería aplicable a los miembros de un Consejo de Administración de una Sociedad Anónima.
Así mismo, resulta extraño una imputación por este concepto a una parte de los miembros del Consejo de Administración y no a la totalidad, máxime cuando el resto de los consejeros, es decir, María Gómez García, representante de IP (ahora CP), Matilde Roselló del Castillo, de IU y José Manuel Jiménez Lavi, del PSOE, se abstuvieron y no se opusieron a la decisión tomada.
Desde el Ayuntamiento se expresa el deseo de que no realice un juicio paralelo, pues una imputación no es una condena
Finalmente, se comunica que el Consistorio y la propia empresa municipal pondrán el asunto en manos de sus servicios jurídicos.
