El pasado siempre vuelve. Cinco años después de que el Racing Club Portuense se acogiera al concurso voluntario de acreedores, la Justicia se posiciona ante las actuaciones realizadas antes, durante y después de éste.
Según el informe que ha tenido acceso este periódico y emitido el pasado 16 de septiembre, cuenta con acusaciones cuanto menos preocupantes, ante el “dolo o actuaciones graves”, tras el fraude, alzamiento de bienes u ocultación de información, tal y como repasa en los cinco folios trasladados al Juzgado de lo Mercantil de Cádiz.
Paradójicamente cinco años después, las alegaciones recogen como, al parecer, ahora, la Concursal, la que se supone debía salvaguardar los intereses de su representado (el Racing), sea la que un lustro más tarde, la que encuentre las irregularidades una vez cometidas.
Que se haya enterado gracias a la prensa y que éstas “han sido determinantes en la agravación de la insolvencia de la concursada” (el club). Ni que decir tiene que las responsabilidades a las cuales se pueden enfrentar los directivos del club y la junta gestora racinguista son evidentes, ante la solicitud presentada en la apertura de diligencias.
De los hechos y de las interpretaciones no deja lugar a la duda de que el supuesto gran culpable sea el que 5 años después sea el ‘inocente’.
