El juez José de la Mata ha acordado asumir la investigación por el presunto fraude de las clínicas iDental por "el volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.
Estos son los principales motivos por los que el magistrado de la Audiencia Nacional ha considerado que este es el tribunal competente para investigar estos hechos que considera pueden ser constitutivos de delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
En el auto en el que toma esta decisión, el juez explica que la investigación partió de una denuncia de afectados de iDental en Andalucía y, desde entonces, son ya al menos once los juzgados de toda España que se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional ante el alcance de la presunta estafa.
"El tamaño de la estructura societaria, su despliegue territorial, su modelo de negocio, el volumen de la operativa, la estructura de financiación, el número de profesionales involucrados y el ingente número de investigados hacen presagiar una compleja investigación que requiere (...) una investigación única", sostiene De la Mata.
Por ello, el juez lo ve "absolutamente incompatible con un manejo fragmentario" de las denuncias.
Los hechos se refieren, relata el auto, a la actividad desarrollada por la estructura iDental, dedicada a la prestación de servicios odontológicos "mediante un gran número de clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional".
Además ofrecía de forma paralela un sistema de financiación, a través de entidades colaboradoras, "entre las que estaban EVO Finance, CETELEM, Santander Consumer, etc.".
De esta forma, iDental percibía "el abono íntegro anticipado del precio de sus servicios", y después, según las denuncias, "los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos", que quedaron interrumpidos "hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas".
Según el auto, hay constancia del cierre de clínicas en Almería, Badajoz, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Albacete, Málaga, Santander, Segovia, Sevilla, Gerona y Zaragoza.
Además de los once procedimientos de otros tantos juzgados que se han inhibido en favor de la Audiencia, hay evidencias de decenas de procedimientos más en distintos órganos judiciales de toda España.
También existe la apertura de investigaciones de carácter administrativo por parte de comunidades autónomas y colegios profesionales, "que igualmente es preciso ordenar y enfocar".
Asimismo -añade el juez-, "denuncias y distintos volúmenes de información han sido remitidos a distintas Fiscalías de distintas comunidades autónomas y provincias" y recuerda que además alguna sede de iDental, en concreto en las Palmas de Gran Canaria, "parece haber sido desahuciada, habiendo sido incautados los historiales de más de 15.000 afectados en Canarias" y que la policía custodia.
De este modo, De la Mata acepta investigar las denuncias contra iDental Asistencia Social Andalucía Dental Proyectos Odontológicos SL, Dental Global Mangement, Weston Hill Capital y Proyecto Odontológico Almería, como personas jurídicas, y contra Isabel Fernández Navio, Carla Esperanza Reyes Álvarez y Blanca Acosta Peregrin.
