Cuando se cumple un año desde la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el movimiento ecologista valora algunos "grandes avances", sobre todo en el impulso renovable, pero afean la "falta de ambición" del texto y la demora en la tramitación de medidas concretas para lograr los objetivos.
Así lo han asegurado a EFE diversas voces conservacionistas, que aunque en su mayoría celebran que haya una ley con la que exigir a las instituciones políticas combatir la crisis climática, denuncian que se ha quedado en "promesas vacías", en palabras del portavoz de Juventud por el Clima, Sergio Aires.
Para este activista, la ley alienta el "crecimiento verde", sin cuestionar "el extractivismo" y el nivel de consumo y de vida que forman parte del problema del clima.
Las fuentes consultadas por EFE coinciden en criticar que el texto normativo nació poco ambicioso, al plantear objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) -un 23 % para 2030 respecto a los niveles de 1990- muy inferiores al 55 % que recomienda la comunidad científica y que ha propuesto la UE.
El presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, Juantxo López de Uralde, considera que “un año es un plazo demasiado temprano para juzgar la eficacia de una ley”, y defiende que, aunque "queda mucho por hacer", es una medida “muy relevante” en el impulso de la transición energética.
Desde WWF, su responsable de clima y energía, Mar Asunción, también reconoce los pasos hacia adelante, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética, pero alega que "no nos consta que haya habido avances" en el desarrollo de otras medidas que debían haberse adoptado antes del primer aniversario.
Entre esas obligaciones incumplidas, Asunción menciona la propuesta de reforma del marco normativo del sector eléctrico que impulse la participación ciudadana, las medidas de coordinación, seguimiento, evaluación y publicidad de los datos del inventario de GEI o la estrategia del agua para la transición ecológica.
Desde Verdes Equo arguyen que "la penetración de las energías renovables está siendo muy alta y claramente los objetivos se quedaron cortos", pues "sólo en 2021 el porcentaje de penetración de renovables subió más de un 10 %", recuerdan, por lo que juzgan que "podríamos haber sido más ambiciosos".
Precisan que para lograr esas metas "urge impulsar las Comunidades Energéticas Locales y no hacer un despliegue de renovables que destroce el territorio".
La responsable de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra, Cristina Alonso, cree que la ley "nació obsoleta en términos objetivos y ambición climática para el año 2030", metas que deberían revisarse en 2023, según la norma, "pero por ahora no parece haber avances".
Javier Andaluz, coordinador de cambio climático y energía de Ecologistas en Acción, incide en que desde el principio fueron "muy críticos", pues "peca de ser demasiado abierta" al dejar a "posteriores desarrollos de reales decretos y normativas la implementación de las medidas".
"El Gobierno está intentando sacar muchas de estas normativas", admite Andaluz, pero aduce que algunas de las que ya se han aprobado "no son todo lo ambiciosas que deberían ser" y "tenemos serias dudas de que sea en beneficio del cambio de modelo que necesitamos para la transición energética", zanja.
ASAMBLEA CIUDADANA POR EL CLIMA
Una de las principales fuentes de alegría y decepción entre los ecologistas ha sido la Asamblea Ciudadana por el Clima que se ha puesto en marcha en España, siguiendo el ejemplo de Reino Unido y de Francia, y que actualmente está en su última fase: la de plantear recomendaciones de acción climática.
En Greenpeace, que en general ha sido muy crítica con la ley, aplauden la asamblea ciudadana, pues "está siendo un proceso de aprendizaje multinivel para todos las que participamos de una forma u otra en ella".
Para Ecologistas en Acción, sin embargo, la Asamblea Ciudadana por el Clima de España "deja mucho que desear respecto a los criterios de la OCDE" para considerar los procesos de deliberación ciudadana como efectivos, pues sus conclusiones no serán vinculantes y el evento "apenas ha tenido trascendencia pública, política y mediática", lamenta Andaluz.
Desde WWF coinciden en que "no ha servido por ahora para promover un debate amplio en la sociedad", opinión que suscriben en el movimiento de Juventud por el Clima y en Verdes Equo, que añaden que "se utilizó la pandemia como excusa para no realizar la asamblea de forma presencial, algo que habría mejorado mucho el debate".
ZONAS BAJAS EMISIONES
Otra gran promesa de la ley de cambio climático era la obligación a las ciudades mayores de 50.000 habitantes de establecer zonas de bajas emisiones (ZBE) -como ya han hecho Barcelona o Madrid- en sus términos municipales antes de 2023, algo que desde las ong ambientalistas consideran "poco probable" a estas alturas del 2022.
"A falta de unos meses todavía se está tramitando el Real Decreto que fije los requisitos con los que deberán contar estas zonas, así como las ayudas para su implantación a través de los Fondos de Recuperación", recalcan desde Greenpeace.
"Fue una de las mejoras más importantes de la ley, pero no se incluyeron en ella las características ni parámetros que las definieron", critica la diputada de Más País-Verdes Equo Inés Sabanés.
"El Ministerio ha dilatado demasiado la aprobación de esas directrices claras sobre qué es y qué no es una zona de bajas emisiones, por lo que estamos viendo proyectos que no reducen realmente el número de coches que circulan en las ciudades y que, por tanto, no tienen impacto ni en la forma de moverse por ellas ni en las emisiones", apostilla.
"Las ciudades no han hecho los deberes", sentencia la coordinadora de Transporte de Ecologistas en Acción, Carmen Duce, quien agrega que, las que sí los han hecho, como Vitoria, Logroño o Pontevedra, "se enfrentan ahora a que les piden restringir acceso en base a unas etiquetas (las de la DGT) que no sirven".
Por su parte, la directora de la ong SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, subraya la importancia de que las políticas que se desarrollen en el marco de la ley tengan en cuenta la biodiversidad, "uno de los temas que hay que sacar del cajón", junto con la fiscalidad.
"No podemos permitirnos que la política y los sectores económicos sigan titubeando. Con sus dudas y tacticismos para obtener beneficios de corto plazo ponen en peligro nuestro presente y el futuro de las generaciones por venir", concluye Ruiz.
