El PSOE quiere rebajar en el Congreso el contenido de la proposición de ley sobre bebés robados que firmó con sus socios parlamentarios y que Unidas Podemos urgió a desbloquear. Entre otras propuestas, las enmiendas socialistas cambian el nombre y la exposición de motivos, sustituyen el concepto víctima por afectados, suprimen los efectos penales remitiéndose al Código Penal y eliminan la propuesta de crear una Fiscalía Especial.
Esta proposición de ley se registró en febrero de 2020 con la firma del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV, Junts, Más País-Equo, Compromís, el BNG y la CUP. Por cuestiones de cupo, para que no se le impidiera defender otras iniciativas, Unidas Podemos retiró su firma tiempo después, aunque no su apoyo.
El texto fue tomado en consideración por el Pleno del Congreso en junio de ese año, con el único voto en contra de Vox, pero desde entonces se guardó en un cajón y durante dos años y medio se fueron prorrogando los plazos de enmiendas. Al inicio de este año, Unidas Podemos exigió al PSOE reactivar su tramitación y, tras varias semanas, finalmente los socialistas accedieron a poner fin al plazo de presentación de enmiendas.
Pero cuando el PSOE ha registrado las suyas, a las que ha tenido acceso Europa Press, su idea ya difiere mucho de lo que firmó en 2020 pues ahora quiere cambiar el nombre y la exposición de motivos de la ley, así como buena parte de sus puntos clave.
De entrada, no quiere que la ley se llame de "bebés robados" y plantea rebautizarla como "proposición de ley sobre garantías los afectadas por la sustracción de recién nacidos", en coherencia con instrucciones del Ministerio del Interior sobre la materia.
Además ya no habla de "víctimas de delito" en el caso de bebés robados, sino de "personas afectadas por la sustracción de recién nacidos", y pretende eliminar de la exposición de motivos la alusión a un auto del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de que fue titular Baltasar Garzón, en el que se hablaba de 30.000 niños apartados de sus madres, ya que considera que tal cifra es "una conjetura".
El PSOE también limita en ámbito de aplicación de la norma: "Se estima pertinente limitar la consideración de afectado a los parientes de una persona sustraída en línea recta y hasta el segundo grado de colateralidad, con lo que se comprendería un número de personas razonable", sostiene.
Igualmente, pretende quitar de la ley toda referencia a consecuencias penales pues considera que el Código Penal "ya tiene suficientes tipos penales para perseguir este tipo de delitos", y pide centrar la norma en "garantizar los derechos a la verdad". Es decir, su idea es facilitar que los afectados puedan acceder a la información que necesiten, pero no tanto señalar a los culpables de lo ocurrido.
En ese sentido, el Grupo Socialista considera que la ley sólo debe contemplar las indemnizaciones que acuerde la Justicia conforme al ordenamiento vigente y ahora rechaza la idea de crear un Fiscalía Específica sobre bebés robados, alegando que la Fiscalía general ya firmó un acuerdo de colaboración sobre este tema con los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad en 2013, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta.
Por otro lado, el PSOE evita cargar las tintas en la exigencias de información a la Iglesia y, más que mandatos tasados bajo amenaza de demanda, prefiere apostar por convenios de colaboración con la Conferencia Episcopal, recordando que las relaciones con la Iglesia católica están reguladas en el convenio con la Santa Sede.
Y respeto del Banco Estatal de ADN que figuraba en la iniciativa original, el PSOE se remite ahora a la regulación prevista en la ya vigente Ley de Memoria Democrática "para evitar solapamientos de funciones y dispersión normativa".
A la vista de estas enmiendas, la tramitación de esta ley puede abrir otra brecha con Unidas Podemos y con los aliados parlamentarios del Gobierno, ya que la filosofía del PSOE es muy distinta a la que planteaban las demás formaciones.
