El Senado oirá a víctimas del 11-M, que piden que no prescriban los atentados

El Senado ha acordado este jueves citar a los representantes de la Asociación de Víctimas del 11M para que expliquen su petición de una reforma legal que evite que en 2024 prescriban los delitos por los atentados terroristas cometidos en 2004 sin que hayan sido juzgados los autores intelectuales y sus financiadores.

Así lo ha acordado la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, ante la que serán emplazados en próximas fechas a comparecer los representantes de dicha organización, encabezados por su presidenta, Dori Majali, que ha venido manteniendo reuniones con todos los grupos parlamentarios para plantear dicha reforma u otras acciones para evitar la referida prescripción como el impulso de investigaciones.

En el marco de estas gestiones la asociación se dirigió al presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el socialista Joan Lerma, que este jueves ha reunido a los portavoces parlamentarios para analizar la solicitud.

Finalmente han decidido fijar una fecha para que los representantes de la Asociación de Víctimas del 11M expongan su propuesta, consistente básicamente en que se aborde una reforma legislativa para evitar la prescripción de los delitos por los atentados del 11 de marzo de 2004, que causaron 192 muertos y más de 1.800 heridos.

La Asociación de Víctimas del 11M ha venido alertando en los últimos días en sus comunicaciones y reuniones de que ya ha empezado la "cuenta atrás para la impunidad de los asesinos" y de que "si nadie lo impide nada de lo que pueda investigarse o se descubra a partir de 2024 podrá ser juzgado" al prescribir los delitos transcurridos 20 años.

Es decir, teme que "queden impunes los autores intelectuales y quienes diseñaron y financiaron íntegramente el operativo del atentado yihadista, porque aún no se conocen tal como dictaminó la propia sentencia del juicio" celebrado en la Audiencia Nacional, y racalca que "conocer la verdad es esencial para el descanso de las víctimas y la memoria de los fallecidos".

Además recuerda que "la radicalización y el terrorismo son un problema de absoluta vigencia como demuestran algunos terribles sucesos vividos en los últimos años" como los atentados yihadistas cometidos en las Ramblas de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona), así como en otros países como Francia, Reino Unido y Bélgica.

La asociación estima que la Audiencia Nacional ha abierto una puerta a que los atentados del 11M y 198 crímenes de ETA sean declarados imprescriptibles, "lo que permitiría llevar a juicio a los responsables intelectuales y materiales de estos asesinatos aunque hayan pasado más de veinte años desde que se cometieron".

Hace referencia a "un auto en el que confirma la imputación del exjefe etarra Iñaki de Rentería como presunto responsable intelectual del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco".

Explica que la Audiencia Nacional ha reconocido la "trascendencia de la cuestión suscitada" por Dignidad y Justicia, asociación de víctimas personada como acusación popular en el caso Miguel Ángel Blanco.

Añade que la misma sostiene que los convenios europeos sobre Imprescriptibilidad y de Derechos Humanos permitirían declarar imprescriptibles todos los atentados terroristas y crímenes de lesa humanidad perpetrados entre el 24 de diciembre de 1990 y el 23 de diciembre de 2010, "lo que se ha denominado como doctrina Miguel Ángel Blanco".

En 2010 se introdujo en el Código Penal español la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte.

La Audiencia Nacional condenó en 2007 a 21 de los 28 acusados a penas que oscilaban entre tres y más de 40.000 años de prisión y absolvió a Rabei Osman El Sayed, "Mohamed El Egipcio", acusado de ser uno de los autores intelectuales de los atentados, porque ya había sido condenado en Italia por pertenencia a organización terrorista.

Al año siguiente el Tribunal Supremo confirmó la absolución de "Mohamed el Egipcio" y anuló las penas de cuatro de los condenados pero impuso cuatro años de cárcel por tráfico de explosivos al español Antonio Toro, que había sido absuelto por la Audiencia Nacional.