Según explicó el capitán del Seprona José Manuel Vivas, la investigación partió de denuncias de carácter cientifico-técnicas realizadas por una ONG, que no especificó, que discrepaban de la gestión del programa de cría en cautividad del aguila imperial de Sevilla, aunque sólo se ha investigado los últimos meses.
Tras constatar que la gestión se realizaba “de una manera que entendemos que no son las correctas”, se trasladó la investigación al juez de instrucción de Sanlúcar, quien autorizó la detención y registro de los 18 imputados, todos puestos en libertad, aunque en principio eran 25.
El modus operandi de la red sería el robo de huevos y pollos de distintas aves rapaces, incluso de águila imperial, para su posterior comercialización ilegal, que apoyaban con documentación falsificada. Según la Guardia Civil, estos ejemplares se utilizaban para falsear los resultados del proyecto subvencionado sobre el águila imperial, motivo por el que la Consejería de Medio Ambiente aportó a la Benemérita el jueves toda la documentación “en dos horas”.
Según el capitán Vivas, los delitos que se le imputan oscilan entre los dos y cuatro años, y aunque se debe analizar toda la documentación incautada, en el caso de los trabajadores del centro de cría de Sevilla sólo se le podría imputar una mala gestión de la parte correspondiente al proyecto científico, unos 200.000 euros anuales, puesto que el centro es una de las mejores instalaciones que existen.
En la operación se han incautado un revólver, 14.050 euros en efectivo; más de 1.500 anillas para aves y material para su colocación; además de 500 documentos CITES, que son los que se poseen todas las aves rapaces. Los animales intervenidos corresponden a aquellos cuya propiedad legal no ha podido ser acreditada.
