En concreto, es el Real Decreto 2917/1981, de 27 noviembre, por el que se establece el Registro Civil de la Familia Real, el que define su composición.
Su artículo primero estipula que se inscribirán en este registro "los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre Registro Civil que afecten al Rey de España, su Augusta Consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona".
De esta forma Zarzuela matiza que no es intención del Rey sacar de este registro a la Infanta Elena y los duques de Palma. Lo que sí ha puesto en marcha desde hace tiempo es un plan de disminución progresiva de las actividades de las Infantas, toda vez que las figuras de ambas pierden relevancia con la Familia del Príncipe ya consolidada.
AUTOCRÍTICA POR LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA
"Las informaciones y comentarios que, desde esta Unidad, (la de Relaciones con los Medios de Comunicación) se efectuaron a algunos medios sobre el número de actividades oficiales realizadas en los últimos años por los diferentes componentes de la Familia Real nada tienen que ver con su pertenencia a la misma", dice la nota.
"La Unidad de Relaciones con los Medios de Comunicación lamenta profundamente haber contribuido a que algunos medios hayan recogido de forma equívoca o errónea este tema", concluye el comunicado.
Europa Press informó ayer, citando fuentes de Zarzuela, que Casa Real estudiaba "desde hace tiempo" limitar los miembros de la Familia Real a los Reyes, los Príncipes de Asturias y las Infantas Leonor y Sofía, por ser los únicos que viven solo del presupuesto que el Estado destina a la Corona y ocupan los primeros puestos en el orden de sucesión al trono.
Zarzuela ha aclarado hoy que la Infanta Elena y los duques de Palma no dejarían de ser miembros de la Familia Real, sino que se distanciarían progresivamente del papel de representación de la Corona que tienen en la actualidad, precisamente porque compatibilizan esta función con otras actividades económicas en empresas privadas, un modelo de doble dependencia que ha quedado en evidencia con la investigación judicial en torno a los negocios de Iñaki Urdangarín.
