Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez Mercedes Alaya continúa así las declaraciones de altos cargos de la Junta que inició la semana pasada con Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2009, que ingresó en prisión sin fianza.
Entre otros, han sido ya imputados en la causa el viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, Agustín Barberá,; el director general de Trabajo entre 2009 y 2010, Juan Márquez, y su sucesor y actual titular, Daniel Alberto Rivera.
En sus tres días de declaración, Guerrero implicó a Antonio Fernández y a otros consejeros y viceconsejeros de Empleo como presuntos conocedores de las irregularidades que investiga la juez, y además aseguró que Fernández se comprometió a dar tres millones de euros a empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.
Fernández fue también viceconsejero de Empleo entre 1995 y 2004, se prejubiló en las bodegas González Byass, una de las varias decenas de empresas que están siendo investigadas, y en 2001, siendo presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmó el convenio que permitió canalizar las ayudas objeto de la causa.
En cuanto a Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 2004 y 2010, la Guardia Civil le ha implicado en las irregularidades del ERE de la empresa Calderinox, ya que fue "el primer eslabón de la cadena", tuvo "conocimiento de todo lo que sucedía y participó en la inclusión de los intrusos".
Rivas está imputado además en el sumario del caso Mercasevilla que dio origen a la actual investigación sobre los ERE, causa en la que el fiscal pide para él 21 meses de suspensión y 900.000 euros de multa.
Junto a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, Rivas será juzgado por un jurado popular por la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios sevillanos como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.
La juez anunció semanas atrás la imputación del exviceconsejero Agustín Barberá, quien "tendría conocimiento a la vez que el consejero Antonio Fernández de la falta de legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas".
En su comparecencia judicial, Guerrero señaló como artífice del sistema de ayudas investigado al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso, de quien la Guardia Civil destacó su "papel esencial" a la hora de "sacar adelante" las ayudas.
Por otra parte, hoy estaba citado como imputado ante la Guardia Civil Juan Márquez, director general de Trabajo entre 2009 y 2010, quien se acogió a su derecho a no declarar.
