La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada ha pedido este lunes a la juez que impute al secretario general de CDC, Oriol Pujol, por su presunta vinculación con la supuesta trama de cargos públicos y empresarios del sector de las ITV en Cataluña para la adjudicación irregular de estas estaciones, han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía.
Debido a que Pujol es diputado en el Parlament, y por tanto es aforado, la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, no tiene potestad para imputarlo y deberá remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que es el competente para adoptar esta decisión.
La Fiscalía ha pedido al juzgado de Barcelona que eleve al TSJC una exposición razonada al entender que existen indicios e un delito de "tráfico de influencias" y participación en la trama junto con los otros imputados en el caso: el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, Josep Tous, y tres empresarios del sector de las ITV: Sergio Pastor, Sergio Alsina y Ricard Puignou.
La petición de la Fiscalía ha llegado después de que un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario situase al único hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que se ha dedicado a la política como "colaborador necesario" de la trama de las ITV.
Según consta en el sumario, Oriol Pujol es "el hombre encargado de aportar influencia política" y de mediar para conseguir beneficios a este grupo de empresarios.
Alsina, y la esposa de Pujol, habían trabajado en la misma empresa, la consultora industrial Alta Partners, y los investigadores sospechan que ella pudo haber emitido presuntamente facturas falsas por conceptos genéricos.
PUJOL SE DEFIENDE
Este lunes, Oriol Pujol ha comparecido en rueda de prensa y ha vuelto a negar cualquier implicación en la trama, y ha asegurado que si finalmente lo imputan será la manera que tendrá para poder defenderse.
"Nadie debe estorbar al proceso histórico que ha puesto en marcha esta formación política", ha asegurado, vinculando su posible imputación con el proyecto soberanista de su partido, con lo que no descarta acabar dimitiendo si lo imputan.
En julio del pasado año tras salir a la luz el informe de Hacienda, Oriol Pujol ya había defendido su inocencia en una comparecencia en el Parlament convocada para defender a su vez a su partido de las acusaciones de financiación irregular a través del Palau de la Música: "No soy ni colaborador ni necesario".
El político convergente aseguró que no había "montado" ninguna empresa del sector de las ITV y que no tiene capacidad para responder de las conversaciones de imputados en este caso que investiga la justicia en las que su nombre aparezca citado.
MAPA DE ITV
Todo el caso parte de la reforma que hizo el tripartito del mapa de las ITV catalanas, un mercado hasta el momento dominado por dos empresas que gestionaban 44 centros, las dos de Applus+, que lanzó dos concursos con dos lotes y tres estaciones cada uno, ganados por Atisae e Itevelesa, con lo que el mapa de ITV alcanza las 50 estaciones.
El primer concurso lo recurrió Certio ITV ante un juzgado contencioso administrativo porque consideró que se ha hecho mal, ya que algunas de las condiciones se establecieron después de que las empresas presentaran su oferta y la sala quinta del TSJC paralizó este concurso.
El magistrado ponente de aquél recurso fue Joaquín Ortiz, investigado dentro de este mismo caso por reunirse en un almuerzo con Ricard Puignou y los servicios jurídicos de la Generalitat.
Un segundo recurso, presentado por Oca, dificultó aun más que se normalizara la situación del mapa de las ITV, este recurso, además, lo resolvió el TSJC tumbando el decreto del tripartito que creaba un nuevo diseño de este sector, dejándolo todo en el aire.
Es en este momento complicado cuando presuntamente estos empresarios habrían tratado de crear una nueva sociedad mediante la búsqueda de influencias políticas.
