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España

Luz verde a la entrega a Argentina de "Billy el niño" y Muñecas Aguilar

La reclamación contra Muñecas Aguilar también se basa en un delito de torturas, pero en concreto, las que habría cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz

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El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha acordado este viernes dar continuidad al procedimiento de extradición a Argentina de los dos españoles reclamados por las autoridades judiciales de aquel país por un delito de torturas que habrían cometido durante los últimos años del franquismo.

   La petición de extradición argentina, que se encuentra pendiente ahora de la Audiencia Nacional, llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. Se trata de la primera decisión adoptada por el Gobierno en relación con la petición de las autoridades judiciales argentinas, han explicado a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.

   La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar, ha informado el Gobierno.

TORTURAS SOBRE 13 PERSONAS.

   Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, está reclamado por un delito de torturas que habría cometido sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1971 y 1975.

La reclamación contra Muñecas Aguilar también se basa en un delito de torturas, pero en concreto, las que habría cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

   Tras esta decisión, el procedimiento de entrega de estas personas a Argentina seguirá tramitándose en la Audiencia Nacional. Si el tribunal decide que no puede seguir adelante, el Gobierno no podrá hacer nada al respecto, aunque en caso contrario la decisión final es del Ejecutivo, según las mismas fuentes.

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