El régimen chino es objetivo habitual de las críticas de grupos internacionales defensores de los derechos humanos o de gobiernos como el de Estados Unidos por su uso desmesurado de la pena de muerte, la persecución de activistas y religiosos, la represión de minorías tibetanas o uigures, o de la censura de la información.
En el documento, presentado ayer a través de la agencia oficial de noticias Xinhua, la Oficina de Información del Consejo de Estado (equivalente a un ejecutivo), señaló que el objetivo de este plan es afrontar “las preocupaciones inmediatas del pueblo”.
Preocupaciones que enumera como “la promoción de la justicia y la igualdad social, y garantizar que el pueblo disfruta de su derecho a la educación, el empleo, los servicios médicos y de pensiones y de una vivienda”.
El Gobierno del Partido Comunista de China (PCCh, en el poder desde 1949) está especialmente preocupado por el impacto de la crisis global en China, donde se han perdido por lo menos 20 millones de puestos de trabajo en los últimos meses.
Además, el descontento entre la población ha ido aumentando debido a la arraigada corrupción entre los cuadros del PCCh, la desigualdad social, las expropiaciones de tierras ilegales, y la alta contaminación que padece el país.
En este contexto, el Partido está poniendo en marcha en los últimos meses políticas para contrarrestar la crispación local, como la recuperación del sistema sanitario gratuito.
