El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, se ha visto obligado a abrir expediente contra la juez de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria, María del Carmen Molina Mansilla, después de que la Comisión Permanente de este órgano revocara el archivo de la denuncia interpuesta contra la magistrada por preguntarle a una mujer agredida sexualmente "si había cerrado bien las piernas".
La apertura del expediente se ha producido por orden de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces después de que Fonseca-Herrero archivara la denuncia interpuesta por la Asociación Clara Campoamor, la cual pidió que se apartara o suspendiera a la magistrada, al entender que, durante su interrogatorio, trató de manera ofensiva a la denunciante.
La asociación recurrió el archivo y la Comisión Permanente, que aceptó el recurso el pasado 7 de julio, ordenó al Promotor de Acción Disciplinaria que incoara expediente contra esta jueza, por lo que se abre una investigación para esclarecer si pudo incurrir en alguna conducta que pueda ser sancionada de forma disciplinaria; es decir, si los hechos pueden constituir una falta grave o leve de trato desconsiderado.
CONCRETAR LOS HECHOS
El Promotor de la Acción Disciplinaria estudió la grabación de la declaración, de casi 45 minutos, y resolvió el archivo al entender que las palabras de la juez se enmarcan en la necesidad de concretar los hechos porque las agresiones sexuales habrían ocurrido entre 2011 y 2012, sin que fueran denunciadas en su día y sin que haya partes médicos.
El acuerdo del CGPJ explicó que las palabras de María del Carmen Molina se tenían que "valorar en el ámbito de su necesidad de concretar el empleo de la fuerza física y la oposición o resistencia de la víctima frente a la agresión ante la inexistencia de otros datos o elementos que llevaran a clarificar los hechos". Asimismo, recordó que ninguno de los letrados ni el Ministerio Público hicieron constar ninguna queja durante el interrogatorio.
Sin embargo con la decisión de la Comisión Permanente de desautorizar el archivo acordado por Fonseca-Herrero el pasado mes de junio, se abre expediente a cuyo término se decidiría si se vuelve a archivar o se interpone sanción contra la contra la juez de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria.
