“Es agradable que después de tanto tiempo, por la vía de una ley, se pueda hacer esto” en la lucha contra el “envenenamiento” de una sociedad donde la libertad de expresión no debe ser “la libertad más sagrada”, dijo el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, a la emisora VTV de la red estatal de televisión.
Cabello dirige el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que esta semana abrió “procesos administrativos” a 50 de las 240 emisoras privadas de radio a las que acusa de operar “ilegalmente” y que afrontan la amenaza de que sus permisos de transmisión sean revocados y sus equipos decomisados.
“El país reclama que la libertad de expresión sea regulada”, agregó ayer Cabello y remarcó que los funcionarios del Gobierno “estuviéramos preocupados” si los gremios y la oposición partidista, que “saben que enferman” a través de los medios de comunicación, dijo, “estuvieran aplaudiendo” su decisión y la de la Fiscalía.
La titular de la Fiscalía, Luisa Ortega, presentó el jueves la Ley contra Delitos Mediáticos en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, ante cuyo plenario dijo que así debe hacerse frente a “nuevas formas de criminalidad surgidas como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión”.
Uno de los artículos del proyecto establece que “toda persona que divulgue a través de un medio de comunicación social noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública (...) será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años”.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alertó que la aprobación del proyecto de ley “colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas”.
“El cerco contra emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos y la criminalización de la disidencia política” son formas del “ataque” del Gobierno contra la sociedad, agregó el CNP.
