Hace justo un año que el Pazo de Meirás acogía la entrega al Estado de la enorme llave que simbolizaba su propiedad y en estos doce meses ha protagonizado un viacrucis judicial, que todavía no ha finalizado y se espera muy largo, al tiempo que ha sido erigido como bien público en "triunfo" y "símbolo de la normalidad democrática".
"Dimos un gran paso, un paso histórico pero también hay que ser consecuentes y saber que queda una batalla muy larga por delante y muchas cuestiones por resolver", asegura a Efe el alcalde de Sada, Benito Portela, en el mismo lugar que hace un año se oficializaba la propiedad pública del inmueble, ubicado en esta localidad coruñesa.
"El origen de la titularidad de ese pazo va a ser siempre objeto de discordia", auguraba en 2017 el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que recuerda a Efe haber encargado los primeros informes que avalaban esta propiedad pública y crear la Junta Pro Devolución del Pazo para impulsar un gran frente institucional por su recuperación.
Aunque un año después se anunció la venta del pazo en un portal de internet y al siguiente, en 2019, los Franco denunciaron a varios historiadores por calumnias, la Abogacía del Estado contraatacó con una denuncia a los herederos del dictador en los juzgados de A Coruña por "posesión irregular" del inmueble: sostenía que su compra por el dictador en 1941 fue "simulada" y "fraudulenta".
UN AÑO DE LITIGIOS:
El año 2020 comenzaba con la audiencia previa al juicio sobre la propiedad del pazo que desestimó las alegaciones de los abogados de la familia Franco acerca de que habían poseído como dueños de "buena fe"; seis meses después y con casi una veintena de testigos, la juez los acabó condenando a devolver el pazo por considerar que fue un regalo al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal.
Tras los recursos presentados por ambas partes, y después de que la Audiencia provincial reconociese que hay que indemnizar a los herederos del dictador por los gastos de conservación, Galicia fía ahora al Tribunal Supremo que confirme esta ejecución para la posterior liquidación del estado posesorio. "Seguiremos en esta lucha hasta que la sentencia sea firme y el pazo sea público de forma definitiva, es de justicia, de momento estamos esperando a que se abra el proceso", subraya Portela, animado a seguir "la lucha".
Los recursos entraron en el Supremo el pasado 25 de marzo y el asunto lo tiene la Sala de lo Civil, pero aun no se ha admitido a trámite; el tiempo medio para resolver sobre su admisión o no en esta sala es de año y medio y, de admitirse, el caso se resolvería en un plazo de dos a tres meses, informan a Efe fuentes jurídicas.
"Seguimos pendientes del Tribunal Supremo", asegura a Efe el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina.
LOS BIENES DEL PAZO:
Además y tras dos aplazamientos, se ha fijado para dentro de un mes la vista que determinará qué bienes muebles forman parte del pazo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008. "Hay que pelear por que el conjunto histórico sea declarado BIC, no es nada sin parte de los muebles que dotan de importancia y relevancia a su coyuntura histórica en su conjunto", demanda el alcalde de Sada.
Portela reclama que los bienes muebles del pazo, salvo los comprados tras la muerte del dictador, deben tener también la consideración BIC "porque tienen un interés patrimonial histórico fundamental" y por ello pide que se modifique el decreto del 2008 para que esta protección que afecta al pazo incluya a los muebles.
Son BIC asimismo la biblioteca de Pardo Bazán ubicada en su interior y las estatuas del Mestre Mateo de Abraham e Isaac, que permanecen en la capilla y también están en litigio.
Como lo está a su vez la jefa de Conservación de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, investigada por un informe sobre los bienes.
"No vamos a permitir que se retire nada del pazo", avisaron el pasado julio, con la reapertura del pazo al público, los autodenominados "19 de Meirás", encausados tras una ocupación simbólica del inmueble en 2017 y cuya causa fue archivada por un juzgado de Betanzos y actualmente está recurrida por los Franco.
La Casa Cornide, propiedad de los Franco y situada en la Ciudad Vieja de A Coruña, será reclamada por el Ayuntamiento próximamente tras solicitar su declaración como Bien de Interés Cultural.
LAS VISITAS:
Precisamente, las visitas a este inmueble, por el momento a los jardines, capilla y entrada, se han multiplicado por siete con respecto a las gestionadas por la Fundación Franco, según el alcalde de Sada, ayuntamiento encargado de gestionarlas en su mayoría.
Calcula en al menos 5.000 las visitas desde el pasado julio, pese a las limitaciones sanitarias por la covid e incluso a la lluvia de las últimas semanas. En todo caso, detalla a Efe que de un máximo de 45 personas a la semana antes, se ha pasado a 300 en la actualidad.
"Importa la cantidad pero también el relato que se ofrece en esas visitas, no tiene nada que ver, es más completo y riguroso con la historia", aclara en referencia a que los anteriores ensalzaban la figura del dictador.
Portela atribuye este enorme incremento de visitas a una mayor conservación y difusión y al "orgullo" de tener este bien público.
Sin embargo, el abogado de los herederos del dictador dice a Efe que resulta "curioso que la Xunta no haya abierto aún expediente al Estado por incumplir sistemáticamente las obligaciones de visita pública que tan celosamente exigía a la familia Franco a la que abrió diversos expedientes sancionadores, algunos sin justificación alguna".
LOS USOS FUTUROS:
Una comisión de expertos reflexiona sobre el relato y futuros usos del inmueble con el interés de que sea, según el Gobierno, "un referente en memoria democrática a escala nacional e incluso internacional". Pero también fue residencia, antes de Franco, de la escritora Emilia Pardo Bazán, su propietaria originaria.
Por eso la Xunta ha elaborado unas bases para este plan de usos del pazo que contemplan un plan museológico, un centro de creación cultural, así como de emprendimiento e investigación para el fomento de la igualdad, y un jardín de la libertad destinado a la memoria a modo de recuerdo y reparación de los represaliados por el franquismo.
SÍMBOLO DE LA DEMOCRACIA:
"Aquel 10 de diciembre de 2020 fue un día histórico, de victoria", es el poso de ese recuerdo que pervive hoy en el alcalde de Sada, compartido con Efe por las demás autoridades coruñesas implicadas en este proceso con motivo de este primer aniversario.
"Lo que entonces parecía imposible es hoy una realidad gracias al compromiso absoluto del Gobierno en el ámbito de la memoria democrática", ha subrayado el presidente de la Diputación coruñesa.
Para la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, esta recuperación es un "triunfo de la democracia, un triunfo de la memoria, un símbolo de la normalidad democrática que tiene que haber en cualquier país europeo", ha dicho a Efe.
