Sonia Jalda, en nombre de los trabajadores de residencias de mayores de Galicia, ha denunciado una multitud de carencias de medios, pero, sobre todo, de personal, que derivan en una atención "pésima" a los usuarios, que son tratados como "pavos de engorde".
Jalda, miembro del colectivo TREGA (Trabajadores de Residencias de Galicia), ha comparecido en la comisión de reactivación por la crisis de la covid-19 del Parlamento de Galicia, así como Paulino Campos, presidente de la Federación Gallega de Asociaciones de Familiares y Usuarios de Residencias y de Dependencia (REDE).
Ambos han criticado el sistema de inspecciones, que siempre acaban "en el saco del olvido", y el segundo ha hablado directamente de "connivencia" con la administración autonómica, que solo atiende a la versión de la empresa.
Sonia Jalda ha centrado su intervención en la "deficiente" atención a los mayores y en la "indefensión" de los profesionales, que sufren "una constante vulneración" de sus derechos laborales.
Sostiene que las deficiencias narradas, generalizadas, según dice, en las residencias de Galicia, son más patentes en las privadas que en las públicas, sobre todo en las de mayor tamaño, las que atienden a más de 150 mayores, controladas por "fondos buitre" y cuya prioridad es obtener la mayor rentabilidad posible.
Jalda ha hecho hincapié en que con más personal en las residencias se podría atender a los mayores "con tiempo suficiente" y dispensarles un trato más "humano", aunque solo sea para "darles la mano", "para entretenerlos", para que puedan dormir la siesta o para "ayudarles a comer sin prisas".
"No son pavos de engorde (...) Los mayores no son un coche al que llevamos todos los días, llenamos el depósito y dejamos aparcados", ha dicho con la voz entrecortada.
Sucede que a los mayores los levantan a las seis de la mañana para asearlos, vestirlos y cambiarles el pañal antes de bajarlos al comedor, que no abre hasta las nueve, por lo que permanecen sentados en sillas de ruedas, según ha relatado la representante de TREGA.
Tras desayunar, ha proseguido, son "aparcados" en una silla hasta la hora del almuerzo, tras el cual vuelven al salón para "dormitar", salvo aquellos que tengan pautada la siesta; luego esperan a que los visite un familiar y a partir de las 20.30 horas los empiezan a acostar.
Algunos residentes incluso tienen que cenar en la cama porque los acuestan desde las cinco de la tarde, ha apuntado Sonia Jalda, que al igual que Paulino Campos ha denunciado que no se respetan los tiempos pautados para las medicaciones.
La representante de TREGA y el presidente de REDE sostienen que el sistema de atención geriátrica y a dependientes tiene que ser revisado en profundidad, vistas las carencias que la pandemia ha dejado al descubierto: "en marzo no estábamos preparados y ahora en la segunda ola, tampoco".
Jalda ha denunciado que "las normas" para las residencias públicas y privadas "deben ser iguales", como la exigencia de contar con camas ortopédicas y articuladas y de toma de oxígeno en las habitaciones; la cobertura de bajas, vacaciones y licencias y de personal sanitario, y disponer de un servicio de limpieza adecuado.
Eso, y que luego las inspecciones sean "eficientes", porque "la respuesta" de la Xunta, ha criticado Jalda, es siempre la misma: que se cumple la normativa "a rajatabla".
Desde la perspectiva de los familiares de los usuarios de las residencias, Paulino Campos ha añadido al relato de Sonia Jalda la privación a los mayores incluso de "la terapia de la palabra", amén de múltiples caídas, higiene deficiente, llamadores que no funcionan o falta de cobertura de personal de enfermería por las noches.
Campos se ha preguntado por qué un tercio de los usuarios de residencias en Galicia fallecidos por la pandemia no fueron derivados a un hospital o a un centro integrado, y ha advertido de que, de seguir el ritmo actual de decesos, en cuestión de dos semanas se habrán superado las cifras de la primera ola.
El presidente de REDE ha hecho hincapié en que en aquellos meses hubo "órdenes" por escrito de no derivar a los hospitales a grandes dependientes y ha avanzado una batería de querellas, aparte de la que tramita un juzgado de Cangas y otra que ha sido admitida en A Coruña.
Además, el colectivo al que representa presentará nuevas querellas la próxima semana en Santiago y "una decena" en Vigo, en la mayoría de los casos contra residencias de DomusVi y contra altos cargos o exaltos cargos de la Xunta.
El diputado del PP Alberto Pazos ha preguntado a ambos comparecientes por los datos en que se basan para afirmar que hay una mayor mortalidad en las residencias públicas que en las privadas, y también les ha pedido el mismo respeto para los profesionales y familiares que no comparten su opinión.
Se ha referido al caso concreto de la residencia de Salvaterra, en la que un grupo de trabajadoras y de familiares firmaron sendos escritos desmintiendo la denuncia de un grupo de profesionales que envió el Sergas como refuerzo tras intervenir este centro.
A propósito de la residencia de Salvaterra, el diputado socialista Pablo Arangüena ha protagonizado el momento más crispado de la sesión al ser llamado al orden en dos ocasiones, después de que el presidente de la comisión, Diego Calvo, hiciera lo propio con la popular Paula Prado.
Arangüena aludió a que la mitad de la propiedad de ese geriátrico es "de un gran narco colombiano" para deducir que el panorama de las residencias en Galicia es "una mezcla de corrupción", de "narcos internacionales", de "amigos del PP", y de una "escandalosa dejación de funciones" y de "negligencias" de la Xunta. "Esa es la realidad, lo demás son trolas", ha aseverado
