Los denominados 19 de Meirás que en agosto de 2017 ocuparon simbólicamente el pazo y que fueron denunciados por la familia Franco, han pedido esta mañana la anulación del proceso judicial contra ellos porque si los herederos del dictador no son los legítimos propietarios "tampoco tienen legitimidad para denunciarnos".
Así lo ha dicho el diputado nacionalista Néstor Rego, uno de los denunciados, a las puertas del pazo, ubicado en Sada, que junto a otros representantes nacionalistas porta una pancarta en la que se puede leer "Franquismo nunca más" con la proclama de que "el pazo es del pueblo".
Rego ha recordado que si este proceso judicial no se para los 19 de Meirás serán juzgados en el Tribunal Supremo por cuatro delitos, violación de morada, con la agravante de violencia o intimidación; delito contra el honor con publicidad; delito de odio y daños en la propiedad.
Su iniciativa, ha subrayado, junto a las de la Xunta, el Parlamento de Galicia y otras de entidades y colectivos sociales, ha propiciado la demanda de la Abogacía del Estado que ha concluido en este "día histórico".
"Por primera vez en 82 años el Pazo de Meirás no estará en manos de Franco", ha enfatizado, sino que "retorna al pueblo gallego".
Los 19 de Meirás seguirán luchando ahora para que el Estado transfiera el bien a Galicia para poder convertirlo en un lugar de recuperación de la memoria histórica, ha dicho, por considerar que es "el uso más adecuado para este edificio", junto a la reivindicación de la figura de Emilia Pardo Bazán, propietaria originaria del inmueble.
Además, según Rego, la sentencia que condenó a los Franco a devolver Meirás "sienta un precedente importante" para recuperar todo el patrimonio "expoliado" por Franco y "que se haga justicia", ha dicho en referencia también a la Casa Cornide, en A Coruña, en manos de los herederos del dictador.
