El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que investiga el llamado 'caso Nazarí' sobre una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento granadino bajo la etapa de gobierno del 'popular' José Torres Hurtado, ha acordado la apertura de juicio oral contra la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y varios exaltos cargos de esta área en la pieza separada conocida como 'expediente San Jerónimo'.
Esta pieza gira en torno al desarrollo del 'Plan Parcial PP-N2 San Jerónimo' del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, en el que se han investigado supuestas irregularidades respecto a la concesión de licencia de primera ocupación para el conjunto residencial de 300 viviendas, garajes y trasteros de la Urbanización 'Ciudad de la luz'.
En un auto fechado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada María Ángeles Jiménez Muñoz fija en 1,4 millones de euros la fianza que, en concepto de responsabilidad civil, deberá prestar la empresa que construyó el residencial, la Mercantil Casería de San Jerónimo, y subsidiariamente los demás acusados y el Ayuntamiento de Granada.
La Audiencia de Granada será el órgano encargado de enjuiciar este caso, por el que, además de Isabel Nieto, se sentarán en el banquillo de los acusados el que fuera director de Obras Municipales, Manuel Lorente, el exdirector general de Licencias, E.M.H; un arquitecto jefe del servicio de Obras, así como el promotor José Julián Romero.
La jueza ha dejado fuera del proceso al que fuera alcalde de Granada en el momento de los hechos, José Torres Hurtado (PP), al que ya no procesó el pasado marzo por este caso, y, entre otros extremos, ha decretado el archivo de la causa para la exdirectora general de Urbanismo, M.P.S., y otro cargo del área de Urbanismo.
La apertura de juicio se decreta por la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística, asociación ilícita u organización criminal, prevaricación activa de autoridad pública, prevaricación omisiva, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La Fiscalía sólo acusa por el delito de prevaricación urbanística a los cinco encausados, y en concreto para Isabel Nieto solicita una pena de dos años de prisión y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y 7.200 euros de multa, lo mismo que para el promotor. La acusación ejercida por el empresario Ramón Arenas y su entidad Aremat Formación S. L., ha solicitado que la exconcejal de Urbanismo sea condenada a tres años de prisión, multa y 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y pide diferentes penas de cárcel para el resto de los acusados.
El Ayuntamiento de Granada, que ejerce la acusación particular, ha interesado el sobreseimiento de la causa, al igual que la acusación ejercida por el PSOE. Desde este partido, personado como acusación popular, se expuso en su momento que si bien comparte con el resto de acusaciones la creencia de que existió "una práctica generalizada de corrupción en el ámbito de la gestión del urbanismo municipal" durante este periodo, entiende que en "el caso concreto de esta pieza separada las irregularidades, junto con el marco normativo y el debate sobre gestión urbanística, excluyen la relevancia penal de estas conductas".
Junto a ello, los distintos informes emitidos por el Ayuntamiento de Granada a lo largo de esta dilatada instrucción descartan que haya habido un perjuicio económico para las arcas municipales por este caso y, por ello, la acusación ejercida por el PSOE se ve "obligada a solicitar el sobreseimiento provisional" de esta pieza para todos los investigados, según expuso en el escrito remitido al Juzgado, consultado por Europa Press.
En el auto de procedimiento abreviado del pasado marzo, la jueza expuso que en las distintas piezas que componen el caso Nazarí se está investigando "la presunta existencia dentro del Área de Urbanismo de Granada de una trama organizada corrupta que, de forma continuada y prolongada en el tiempo, habría estado beneficiando tanto a diferentes promotores urbanísticos como directamente a los familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad de Granada, alterando el normal funcionamiento" del área de Urbanismo, "contraviniendo de forma continuada y con conocimiento, la normativa urbanística vigente y con el consiguiente perjuicio a las arcas municipales".
Respecto a la pieza San Jerónimo, sostiene que en el desarrollo del Plan Parcial PP-N2 se han observado la concurrencia de "irregularidades" respecto de la concesión de licencia de primera ocupación para el conjunto residencial de 300 viviendas , garajes y trasteros de la 'Ciudad de la Luz', compuesta de dos edificios denominados Goya y Van Gohg, situado en Calle Pedro Machuca de Granada.
El máximo responsable de la promoción es el promotor encausado José Julián Romero, según expone la magistrada, la cual relata que para realizar estas edificaciones se llevaron a cabo obras que "han provocado el desvío del Barranco de San Jerónimo procediéndose, presuntamente, a invadir terrenos que se encuentran fuera del Plan PP-N2" y que pertenecen a terceras personas, "sin que por parte de la promotora se haya llevado a cabo la oportuna y necesaria expropiación de los terrenos, ni que tal actuación tampoco se llevara a cabo por el Ayuntamiento", concretamente por la Concejalía de Urbanismo, siendo presunta responsable la entonces edil Isabel Nieto.
Afirma la jueza que se cambió el proyecto aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "sin esperar" a que este organismo diera el visto bueno a las modificaciones llevadas a cabo para la construcción de la urbanización, "procediendo, al respecto, a rellenar con tierra el antiguo cauce del barranco, con la creación de una situación de posible peligro en un futuro".
Destaca la jueza que "desde el 4 de noviembre de 2008, ya se tenía conocimiento por los encausados, por el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de esta fecha, de las importantes y graves irregularidades que presentaba el plan Parcial aprobado en el año 2006 sin que existiera constancia del previo y preceptivo informe favorable de dicha Administración".
En virtud de lo expuesto, sostiene que por parte de la Sociedad Casería San Jerónimo SL que se encuentra representada por José Julián Romero "presuntamente se habría realizado una serie de irregularidades para la consecución de acuerdos con el Ayuntamiento, que, presuntamente, han provocado un perjuicio patrimonial al resto de los miembros de la junta de compensación", centrando el problema en la "concesión de las licencias para la ocupación de primeras viviendas".
