Más de 40 organizaciones sociales de Huelva han registrado este martes un escrito dirigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, solicitando, entre otras medidas, que se investigue las muertes de personas migrantes ocurridas en la frontera de Melilla el pasado viernes, 24 de junio.
Estas organizaciones han aseverado que este suceso "se ha saldado al menos con la muerte de 37 personas procedentes de Sudán y Chad, países con conflictos bélicos desde hace años, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Nador, única organización humanitaria a la que el gobierno de Marruecos ha permitido pasar a comprobar el estado de las víctimas".
Por ello, la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci), junto al resto de colectivos onubenses, han convocado este martes, a las 20,00 horas en la plaza de Las Monjas, un concentración para mostrar su "repulsa" de lo acontecido, toda vez que ha aseverado que esto "muestra la realidad de los acuerdos de cooperación en el control de fronteras entre el gobierno español y el marroquí, siendo el primero cómplice y financiador de las actuaciones del segundo, a quien con políticas de externalización de fronteras se utiliza como verdugo".
Así lo han indicado durante una rueda de prensa para informar sobre este escrito registrado en la Subdelegación del Gobierno en Huelva "ante la vulneración de derechos humanos por parte de los estados marroquí y español".
En declaraciones a los medios, uno de los miembros de Asnuci, Seydou Diop, ha lamentado "el drama" ocurrido en la frontera melillense y ha criticado "el acto inhumano" sobre los migrantes que se encontraban allí el viernes, toda vez que ha señalado que es un suceso que "veía venir" tras "el pacto firmado entre España y Marruecos" y ha explicado que, tras esta firma, "la policía marroquí comenzó a destrozar las viviendas" de las personas que se encontraban en ese lado de la valla.
"Las personas tienen sus límites, por ello se han organizado para intentar saltar, porque la mayoría de ellos son solicitantes de asilo político, ya que vienen de países que están en guerra y viven con miseria", ha subrayado.
En este punto, ha lamentado que la policía marroquí "ha utilizado la violencia" y ha ido "contra los derechos humanos", algo que "no se puede consentir", así como ha apuntado que esta información ha llegado porque "se ha grabado y se ha hecho viral, algo que antes ha pasado pero no se ha hecho visible" lo que, a su juicio, "ha hecho reflexionar a gente que no pensaba respecto a esa violencia", toda vez que ha aseverado que "se lleva muchos años matando a personas que solo quieren buscar una vida mejor". En este sentido, ha señalado que "en estos día se ha detectado más de 37 muertes" al otro lado de la frontera.
Asimismo, se ha leído un manifiesto firmado por varias entidades en el que muestran "su completa repulsa hacia esta actuaciones" y solicitan al Gobierno de España que se lleve a cabo una investigación judicial sobre lo sucedido y que "pueda ser juzgada toda aquella persona responsable", así como que se proceda a la identificación de los fallecidos y que sus cuerpos sean repatriados para "darles un entierro con dignidad respetando sus factores culturales".
De la misma manera, solicitan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se retracte de sus declaraciones y asuma públicamente la responsabilidad que compete al Gobierno de España y al de Marruecos" y que "cesen los acuerdos de control de fronteras del Estado español con Marruecos". Finalmente, piden que se establezcan vías "viables y seguras" para "la solicitud de protección internacional, tanto en España como en los países tránsito".
Las organizaciones onubenses consideran "inadmisibles" las declaraciones del Presidente del Gobierno que "ante la muerte de decenas de personas y ante las torturas y asesinatos protagonizados por los cuerpos de seguridad marroquíes, ha elogiado las actuaciones del gobierno marroquí afirmando que es importante reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo en este caso el gobierno marroquí en colaboración con las fuerza y cuerpos de seguridad del estado de España para tratar de frenar un asalto violento".
