El tiempo en: Mijas
Lunes 25/11/2024
 
Publicidad Ai
Publicidad Ai

Huelva

Junta y Gobierno se reunirán la próxima semana para abordar la situación de Doñana

El consejero de Sostenibilidad insiste en que "toca hacer un gran pacto para afrontar medidas concretas que beneficien al Parque"

Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
  • El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco. -

El Gobierno andaluz abordará la próxima semana la situación del Parque Nacional de Doñana en una reunión que mantendrá con el Gobierno, según ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco.

El interlocutor del Gobierno andaluz por parte de la Administración del Estado será la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, según ha precisado el consejero y portavoz.

Fernández-Pacheco, cuestionado en la rueda de prensa por la petición del PSOE de Huelva para que se entablezca una negociación sobre la situación de Doñana, ha esgrimido que el propósito de la Junta de Andalucía es "toda la predisposición al acuerdo" tras esgrimir que, una vez superado la fase de la efervescencia informativa que rodea cualquier iniciativa sobre el Parque Nacional de Doñana, "se necesita un gran pacto, Doñana ha tenidos suficientes grandes titulares, ahora toca hacer un gran pacto para afrontar medidas concretas que beneficien al Parque", que ha emplazado a hacerlo "en el menor tiempo posible".

El consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz ha apelado a la implicación de diferentes actores en ese acuerdo sobre Doñana, entre los que ha citado a los ayuntamientos, a quienes ha descrito como "actores principales", a los que ha sumado a diversos sectores económicos afectados, convencido de que "todo lo que se hace de manera unilateral es más débil que lo que cuentan con un amplio consenso".

Fernández-Pachecho se ha lamentado de consecuencias que han repercutido sobre cierto sector, en una velada alusión a los agricultores que explotan los regadíos que rodean al Parque de Doñana, al que ha descrito "perjudicado por leyes que no se han hecho ni se han aplicado bien", antes de expresar que "es el momento de los pactos, del consenso" y que ésa "es la intención de la Junta".

El pasado 30 de noviembre el Gobierno presentó en Almonte (Huelva) el Marco de Actuaciones para Doñana, iniciativa que fue objetivo de polémica con el Gobierno andaluz, por cuanto acusó al Estado de presentar de forma pública la iniciativa sin haber contado previamente con el Gobierno andaluz.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó a alcaldes, representantes de asociaciones agrarias, ecologistas y expertos científicos e investigadores ese Marco de Actuaciones para Doñana, dotado con 356,3 millones de euros, de los cuales se prevé que 118 millones, el 33%, estén ya en ejecución durante 2023, dentro de la pretensión expresada por el Gobierno de recuperar el funcionamiento ecológico del espacio.

Las medidas se centran en la gestión de los recursos hídricos, la conservación y restauración de la biodiversidad en el entorno, la gestión costera del dominio público marítimo-terrestre, la recuperación socioambiental del territorio y la mejora del conocimiento.

La vicepresidenta argumentó en la presentación que el crecimiento de la agricultura intensiva en la periferia de Doñana, basada en las extracciones del acuífero, ha provocado "un grave impacto en las aguas subterráneas", de forma que tres de las cinco masas de agua que forman este acuífero (Rocinas, Almonte y Marismas) han sido catalogadas como "en mal estado".

Teresa Ribera explicó que uno de los pilares del Marco de Actuaciones son las medidas orientadas a asegurar una "buena gestión" del dominio público hidráulico mediante la vigilancia constante, la eliminación de riegos ilegales y el seguimiento de los consumos legales.

Para ello se dedicarán 7,8 millones de euros a reforzar el cierre de pozos ilegales --210 cerrados ya--, al control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos en regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial.

Además, se destinan 156,2 millones de euros a otras iniciativas orientadas a disminuir las extracciones de dichas aguas. Entre estas medidas destacan la sustitución de aguas subterráneas en La Rocina y en Los Hatos por aguas superficiales que permitirá recuperar el nivel de la masa de agua.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN