UPA pide campañas de inspección para evitar la especulación con los precios de la fresa

La organización agraria UPA Huelva ha reclamado este jueves la realización de campañas de inspección, en el marco de la Ley de Cadena Alimentaria, para evitar la especulación de precios con la fresa y que el consumidor pague un 230% más por un kilo que lo que se paga al productor.

En un comunicado, UPA ha indicado que el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía viene reflejando una caída en el precio de la fresa en origen desde principios de febrero, al pasar de los 3,02 €/kg a los 2,43 €/kg pagados de media, es decir, que el kilo de fresa ha disminuido de media en el último mes casi 60 céntimos de euro.

Pese a ello, la organización agraria ha podido comprobar que los consumidores están pagando entre 6 y 8 €/kg de fresa en los lineales de los supermercados de distintos puntos de la geografía nacional, lo que supone un 229,2 % de incremento de media sobre el precio que recibe el agricultor declarado en el Observatorio de Precios.

Ha indicado que la cadena de valor de la fresa desde el origen al destino no tiene un recorrido excesivamente complicado; en el caso, por ejemplo, de la fresa que va a supermercados del mercado interior nacional, el producto va del campo a la cooperativa o almacén y de ahí -con porte pagado por los mismos agricultores- a la puerta de la gran superficie que compra y que la pone a disposición de los consumidores.

"En un momento en el que los precios son muy altos para el consumidor, el agricultor sigue sin tener unos precios justos y sigue con la incertidumbre sobre si la subida de sus costes de producción podrá ser repercutida en los precios que recibirá por la fresa", ha remachado.

La UPA responsabiliza de esa diferencia entre lo percibido por el agricultor y lo que paga el consumidor a los intermediarios que tiene la cadena en alguno de sus eslabones y que especulan con el precio.

Por ello, ha reclamado el desarrollo de campañas de inspección específicas por parte de las administraciones y máximas sanciones a quién o quiénes incumplan la Ley de Cadena Alimentaria.