El Ayuntamiento de Punta Umbría tiene claro que el Gobierno central es responsable del mal estado de la playa de El Portil y va a llegar hasta las últimas consecuencias para que pague por ello.
El primer paso fue presentar una reclamación previa, el pasado 12 de julio, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en este asunto. Tras no haber recibido respuesta en plazo, ahora va a dar un segundo paso que supone judicializar el asunto: el alcalde ha firmado este martes un decreto para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para elevar a este órgano la reclamación patrimonial contra la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por los “graves daños” en las infraestructuras de la playa de El Portil.
Así lo ha detallado este martes el Consistorio en un comunicado, en el que también anuncia que se dará cuenta de este decreto en el próximo pleno ordinario.
El Ayuntamiento se apoya en un informe de los Servicios Técnicos Municipales para cuantificar la responsabilidad patrimonial por su “inactividad” y la valoración asciende a 2,6 millones de euros. Pero además, el Consistorio reclama al Estado la reparación de los daños sufridos en esta playa desde 2017 debido a los temporales y otros fenómenos atmosféricos adversos, que pasan por erosión y pérdida de arena, daños estructurales en las pasarelas de madera de acceso a la playa, daños en el firme y el pavimento de los viarios de acceso a la playa y daños en las infraestructuras y servicios de saneamiento y abastecimiento.
Según lamenta el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, “la inacción del Estado está ocasionando un daño tremendo a los vecinos de El Portil, que han pasado otro verano más sin playa y sin una explicación de la Dirección General de la Costa y el Mar, el órgano competente en esta materia”. Además, ha señalado que los vecinos de este núcleo urbano “no tienen el deber jurídico de soportar esta situación por más tiempo” y ha calificado de “sorprendente e insólito no haber recibido respuesta del Estado a una reclamación de este calibre”. No obstante, ha añadido que “esto no va impedir que el Ayuntamiento de Punta Umbría siga usando los instrumentos jurídicos a nuestro alcance hasta obtener una respuesta”.
