La solución a los regadíos ilegales, clave en la negociación sobre Doñana

La solución que se dará a las hectáreas que quedaron fuera de regularización en la Corona Norte de Doñana en 2014, es una de las claves que ha marcado la negociación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno en el último mes y medio y del acuerdo que para el Espacio Natural presentarán mañana.

Se trata de unas 700 hectáreas, según lo reiterado en varias ocasiones por distintos representantes de la Junta de Andalucía, que se quedaron fuera de ordenación en 2014 cuando se aprobó el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana.

El conocido como Plan de la Fresa ordenaba una superficie de 64.457 hectáreas, considerando inicialmente como regables unas 9.340 que cumplían los requisitos de terrenos agrícolas en regadío en 2004 (fecha de entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), y haber mantenido su actividad en los siguientes años).

Desde un primer momento esos agricultores fuera de ordenación comenzaron a mostrar su rechazo a la medida y a reclamar una solución para sus tierras, algo en lo que, casi desde un primer momento tuvieron el respaldo del PP.

En 2022 PP, Cs y Vox presentaron una proposición de ley para la mejora de la ordenación de regadíos de Doñana, si bien decayó con la convocatoria de las elecciones autonómicas; y este 2023, los populares, ya con mayoría absoluta, junto con Vox, volvieron a presentar la iniciativa "mejorada" con propuestas que hicieron otros partidos.

Esta regulaba las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes de la denominada comarca del Condado de Huelva.

La proposición de ley, que tenía en la Junta de Andalucía, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y las organizaciones agrarias sus máximos defensores al entender que venía a solucionar "un problema histórico" y que no hablaba de agua sino de ordenación del territorio y sus mayores detractores en el Gobierno central y los ecologistas, quienes consideran que no es posible ampliar ni una hectárea más de regadío en la zona, continuó su trámite parlamentario hasta principios del pasado mes de octubre.

Entonces, a pocos días de que llegara al Parlamento andaluz para su debate y aprobación el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaban un acuerdo para abrir un diálogo entre ambas administraciones sobre la regularización de estos terrenos cuya primera medida fue posponer la aprobación de dicha iniciativa.

El encuentro se produjo tras más de un año de "tiranteces" entre el Gobierno central y la Junta, precisamente por la presentación de esa proposición de Ley, y se daban un plazo de un mes para buscar una solución a estas tierras en el marco de un protocolo para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana.

Pasado el plazo de un mes la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado reclamaron a la Junta que volviera a llevar la proposición de Ley, al Parlamento para su debate y aprobación, si bien, ambas administraciones insistían en la buena marcha de las negociaciones y expresaban públicamente su confianza en que llegaría el acuerdo.

Este domingo Junta y Gobierno central han anunciado que mañana Moreno y Ribera presentarán y firmaran el protocolo con el que se pretende asegurar el futuro de Doñana y su comarca.

Habrá que esperar para saber cuál es la solución a la que se ha llegado y si esta satisface a todos los agentes sociales y económicos de la zona los cuales, a lo largo de la negociación, han hecho sus aportaciones.