WWF rechaza que se puedan otorgar ayudas a "los agricultores ilegales" de Doñana

WWF ha celebrado que este lunes que "se haya enterrado el hacha de guerra" en Doñana si bien se ha mostrado en desacuerdo con que los agricultores que están cultivando fuera de regularización puedan acceder a las ayudas anunciadas para la reforestación o la reconversión en cultivos de secano o ecológico.

En declaraciones a EFE, el responsable de Agricultura de WWF, Felipe Fuentelsaz, ha indicado que necesitan tiempo para "poder valorar y leer atentamente" el acuerdo presentado por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, si bien ha indicado que "siempre es buena noticia que se haya alcanzado un acuerdo para buscar una solución al conflicto social y económico de la zona y para la conservación de Doñana y que al final, las administraciones trabajen de manera coordinada".

"Tenemos que analizar el acuerdo muy bien porque hay cosas que no llegamos a entender y muchas incongruencias en el documento", ha dicho, refiriéndose a que se recojan "116 millones de euros para la conversión o la reconversión de fincas agrícolas, o bien en secano o en ecológico o incluso para la forestación de esas tierras agrarias en terrenos forestales", unas ayudas que "no vamos a apoyar en absoluto si se destinan a agricultores ilegales, no queremos que puedan optar a esos fondos públicos".

"Entendemos que en un Estado de derecho hay que cumplir la ley y premiar al que ha hecho las cosas de manera ilegal, pues evidentemente estamos dando un mensaje erróneo a la ciudadanía y a las actividades económicas", ha apuntado.

Con lo cual, ha añadido que "tenemos que valorar mucho y entender un poco mejor ese apartado, y es lo que nos preocupa actualmente" ya que "lo que queremos es que desde el minuto uno, desde ya, hoy, empecemos a trabajar para eliminar toda la agricultura ilegal y que todas las fresas que de Doñana sean legales en el uso del agua".

Por otro lado, desde la organización han considerado que uno de los puntos "más relevante" del acuerdo ha sido el compromiso público del presidente andaluz, Juamna Moreno,a de retirar la proposición de ley.

"Una ley nacida a partir de un conflicto social artificial e inexistente, que suponía un ataque directo al futuro de Doñana, ya que planteaba la legalización de hasta 1.900 hectáreas de cultivos ilegales que llevan años sobreexplotando los recursos hídricos de los que depende el espacio natural y el futuro de la comarca", han indicado.

Una ley que ha suscitado el rechazo, no solo de las organizaciones conservacionistas, sino de la comunidad científica, de instituciones internacionales como la Comisión Europea o la Unesco, del Gobierno central y de buena parte de la sociedad local y de consumidores de toda Europa.